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Opinión

Resulta muy difícil que los integrantes de la administración pública en nuestro país distingan los casos en que los intereses particulares colisionan con los del Estado. Tanto que habría que revisar y hacer más estrictas las normas que regulan el tema.

Guido Lombardi,Opina.21

La situación que se ha presentado en relación al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, es emblemática y nos debería servir para reflexionar sobre el tema. Y deberíamos hacerlo independientemente de lo que resuelva el Congreso al respecto. En esa instancia, se han planteado dos alternativas: la interpelación seguida de una eventual censura o la acusación constitucional.

Veamos los hechos. El ingeniero Mayorga reconoce que, como socio de la firma Laub & Quijandría (la firma que asesoró, representó y defendió los intereses de la empresa contra el Estado peruano) ha sido asesor de Interoil hasta el 24 de febrero, el mismo día en que juró el cargo de ministro. Hay que añadir que el Perú ganó el arbitraje internacional planteado por la empresa y el fallo se hizo público el 1 de abril. Tres días más tarde, el 4 de abril, Mayorga firma el decreto supremo que amplía el plazo de explotación por 12 meses adicionales.

Alega, para responder las acusaciones de haber incurrido en conflicto de intereses, que la empresa inició los trámites para obtener una prorroga en la explotación (¿con su asesoría?) antes de que él se hiciera cargo de la cartera. ¿Y? ¿No es bajo su administración que se otorga la ampliación del plazo sin cobrar nada por el año de explotación que la empresa realizó sin pago?

Todo hace pensar que Mayorga es un hombre honorable. Pero, suspicaces como somos, no podemos dejar de pensar que tiene su corazoncito puesto del lado de quienes le dieron “chamba” durante años y seguramente lo recibirán con los brazos abiertos cuando deje de ser ministro.


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