Aunque los regidores y la propia alcaldesa Susana Villarán han querido minimizar la contratación del abogado Javier Valle Riestra –para que analice los vacíos legales en el proceso de revocatoria–, el congresista Carlos Bruce denunció que los funcionarios que autorizaron el pago de dicha asesoría habrían incurrido en malversación de fondos, razón por la cual trasladó la información a la Contraloría para que adopte las medidas pertinentes.
El representante de Concertación Parlamentaria indicó que el dinero que se utilizó para pagar a Valle Riestra salió de una partida del PNUD destinada a la seguridad ciudadana. Explicó, además, que la revocatoria no le compete a la municipalidad y que solo afecta a la burgomaestre, por lo que “ella puede pagar ese estudio con su plata”.
Villarán, a su turno, reiteró que todo es transparente y que es común que el municipio busque asesoría legal para tomar las mejores decisiones en torno a la revocatoria.
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