La Comisión de Ética Parlamentaria aprobará hoy el informe de su Secretaría Técnica que recomienda no solo aplicar una suspensión de 120 días de legislatura –la máxima sanción disciplinaria– al congresista Michael Urtecho y denunciarlo por infracción constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino también enviar copias fedateadas a la Fiscalía de la Nación al existir indicios de la comisión de los delitos de concusión, estafa, asociación ilícita para delinquir y enriquecimiento ilícito.
El presidente de la comisión, Humberto Lay, ha citado a sesión extraordinaria hoy, a partir de las 3:30 p.m., para aprobar el documento.
Según el informe, este parlamentario utilizó su cargo “para enriquecerse y cometer actos de corrupción”. Se establece que el denunciado se apropió indebidamente de gran parte del sueldo de sus extrabajadores Evelyn Goicochea, Elvia Urbina y Jorge Luis Huiman, tal como se deduce de las declaraciones y de los registros de las cuentas de haberes de estos extrabajadores.
También se tomaron en cuenta los testimonios del chofer Carlos Gálvez y de Manuela Teresa Chávez, así como la relación de viajes de Urtecho y las cartas de María Bocanegra, Karla Paola Paredes y Gladis Flores. Los testigos coincidieron en señalar que fue el propio parlamentario quien les propuso el monto del sueldo y les pagaba personalmente –después descubrieron que el monto era inferior a lo que les abonaba el Congreso– y que entregaron la tarjeta bancaria de abonos y la clave respectiva a la esposa de Urtecho, Claudia Gonzales.
En el informe se incluyen datos precisos sobre movimientos bancarios de la cuenta N°191-18550955-0-37, del Banco de Crédito, a nombre de Goicochea, donde se observa retiros diarios de S/.1,500 hasta dejarla sin fondos, y en agencias lejos del domicilio de Goicochea. Algunos retiros se hicieron en Piura y Trujillo, justo cuando el legislador y su esposa se encontraban en esas ciudades.
También se registra la relación que existe entre los retiros de S/.800 de la cuenta que el Congreso abrió a nombre de Manuela Chávez en el BCP (su sueldo era de S/. 4,086 más S/.525 de refrigerio) y los depósitos por también S/.800 a la cuenta personal que tiene la señora Chávez en Interbank.
Se ha tomado en cuenta el acta de expulsión de la Iglesia Agua Viva de Trujillo a Urtecho, el 20 de setiembre de 2009, “por actos de corrupción en agravio de varios hermanos de nuestra congregación. Después de haberle hablado a solas, una segunda oportunidad con testigos y en la tercera vez amonestándolo, él no dio muestras de arrepentimiento y más bien afirmó ‘que así actuaban los congresistas’”.
A LA CÁRCEL
Por otra parte, el procurador Julio Arbizu señaló que Urtecho podría ser condenado a 15 años de prisión si se le prueban en el Poder Judicial los presuntos delitos que se le atribuyen, como el recorte de sueldos a sus empleados, desbalance patrimonial y malos manejos de donaciones.
Agregó que espera que el Congreso le levante la inmunidad, tras señalar que solicitó el inicio de las investigaciones preliminares en sede judicial.
De otro lado, la reunión de la bancada de Solidaridad Nacional que se iba a realizar en horas de la noche en la casa de Luis Castañeda, ha sido postergada para hoy a mediodía en el Congreso. Ahí debe definirse si se expulsa o no a Urtecho.
LOS CARGOS
- Delito de enriquecimiento ilícito –tipificado con una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años de cárcel– porque hay indicios de que el congresista Urtecho y su esposa son propietarios de un edificio cuyo valor superaría excesivamente los ingresos que percibe como funcionario público.
- Delito de concusión –tiene una pena de entre dos y ocho años de cárcel–. Se aplica porque Urtecho habría abusado de sus funciones para obligar, bajo amenaza de despido, a sus trabajadores a que le entreguen parte de los sueldos que les abonaba el Congreso.
- Delito de asociación ilícita para delinquir –penalizado con no menos de tres años ni más de seis años de cárcel–, es porque Urtecho habría estructurado con terceros un sistema ilegal de apropiación de parte del sueldos de sus trabajadores, reteniéndoles la tarjeta de débito y las claves secretas que proporcionaban las entidades bancarias para tal fin.
- Delito de estafa –tiene una sanción de hasta seis años– por contratar como asesoras y auxiliares a personas que realizan labores domésticas en la vivienda del parlamentario, como el cuidado de su hija.
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