Los sentenciados por terrorismo no podrán tener una relación laboral o de cualquier otra índole con entidades públicas. Así lo propone un proyecto de ley, presentado por Fuerza 2011, que deberá ser analizado por la Comisión de Justicia. La iniciativa precisa que los entes públicos recopilarán información de su personal para conocer sus antecedentes judiciales y penales y cumplir con la norma.
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