Santiago Pedraglio,Opina.21
El negocio de las AFP es exageradamente redondo; y no desde ahora, sino desde su instalación como sistema. Los cerca de cinco millones de personas que aportan –obligadas a aportar y que esperan ansiosas, algún día, usufructuar plenamente su fondo– le rinden grandes ganancias al oligopolio que administra los “fondos privados”.
Un estudio reciente de IDL-Reporteros, elaborado por Luisa García Téllez, indica que “(…) lo que aquellos cinco millones desconocen es que esa expectativa no pasará de ser solo eso. Pues un porcentaje que variará, cuando menos, entre un 20 y cerca de un 50 por ciento de su fondo de jubilación inicial no retornará a sus bolsillos a menos que tenga asegurada su entrada al Récord Guinness de longevidad” (IDL-Reporteros 28.4.14).
La investigación de IDL-Reporteros no hace sino confirmar la urgencia de que esos fondos sean no solo formal sino realmente privados. Que cada cual tenga derecho, en el momento de su jubilación, a ejercer un mayor control sobre ellos.
El informe de García Téllez menciona posibles salidas: que se utilice un sistema similar a la CTS, en el que compiten 32 instituciones financieras, más de la mitad de las cuales dan una tasa de rendimiento efectivo anual por encima del 6%; y una propuesta del congresista Víctor Andrés García Belaunde: “llegados los 65 años, una parte del fondo que cubra una remuneración mínima vital se queda allí [en la AFP] y que la diferencia se la pueda llevar el jubilado”. Sea alguna de las salidas mencionadas u otras que tengan el mismo propósito, se impone que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como el Congreso, se pongan del lado de los dueños de los fondos; es decir, de los jubilados y los cautivos aportantes.
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