La justicia española imputó a Lionel Messi y a su padre por fraude fiscal y citó a declarar al astro argentino el próximo 17 de septiembre para responder de los 4 millones de euros (US$5,3 millones) presuntamente defraudados a la hacienda pública.
El juzgado de instrucción de Gavá, donde reside el futbolista a las afueras de Barcelona, aceptó a trámite la querella presentada por la fiscalía el pasado 12 junio.
La imputación es un procedimiento habitual en el sistema judicial español. A partir de ahora, Messi y su padre Jorge Horacio Messi están bajo investigación judicial, aunque no acusados formalmente.
El futbolista argentino negó hace unos días haber cometido delito alguno y confió en que sus asesores aclaren el malentendido.
Según la fiscalía de delitos económicos, Messi y su padre ocultaron ingresos por derechos de imagen superiores a los US$5 millones en sus declaraciones de impuestos de 2007, 2008 y 2009.
En la querella, de 13 páginas, la fiscal Raquel Amado dice que Jorge Messi urdió un entramado societario cuando su hijo era menor de edad para “eludir la obligada tributación” por la explotación de sus derechos de imagen.
Dicha trama consistió en “simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades puramente instrumentales”. Dichas sociedades, radicadas en países como Belice y Uruguay, formalizaban después contratos de licencia o prestación de servicios a otras sociedades instrumentales en países de conveniencia, como Reino Unido y Suiza, con la finalidad de ocultar que el único beneficiario de los ingresos era el futbolista.
Según la fiscal, cuando Messi alcanzó la mayoría de edad y obtuvo la nacionalidad española en 2005 “ratificó con su proceder la iniciativa defraudatoria de su padre, a sabiendas de que no pagaba impuesto alguno por los cuantiosos ingresos derivados de la cesión y explotación de sus derechos de imagen”.
El Barcelona, club al que llegó Messi con solo 11 años, defendió a su gran estrella tras conocerse la acusación y dijo que confiaba en su inocencia.
De ser condenado, lo normal es que se fije el pago de una multa muy superior al importe defraudado, aunque en casos extremos se contemplan penas de cárcel.
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