La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) fortalecerá la fiscalización de la venta informal y también la oferta formal de armas de fuego en el Perú, a fin de reforzar la seguridad ciudadana.
El titular de esa entidad, Derik Latorre, señaló que, según los estudios más serios sobre este tema —incluidos los de Naciones Unidas— la delincuencia se abastece en muchos casos del mercado legal de venta de armas.
“Hay que tener mucho cuidado con el control y la fiscalización, justamente, del mercado legal de armas de fuego, porque por ahí estarían presentándose en alguna medida problemas de suministro a sectores que utilizan de mala manera estas armas”, manifestó.
“No quiero negar que existe un mercado ilegal de armas de fuego, pero también hay que llamar la atención sobre este punto”, añadió.
Latorre Boza dio a conocer que a la fecha están registradas y autorizadas por la Sucamec unas 11 empresas importadoras y hay 38 compañías comercializadoras de armas de fuego a nivel nacional.
El funcionario refirió que en lo que va del año se han reportado perdidas 1,348 armas, cifra que consideró “preocupante” y significativa si se tiene en cuenta que hasta agosto de este año se han otorgado licencias para 21,144.
El mayor número de autorizaciones emitidas se otorgó en los meses de enero (3,440), marzo (2,951) y julio (2,946); mientras que la cantidad más alta de renovaciones de licencia se dio durante junio (1,813), abril (1,690) y julio (1,663).
NUEVA AMNISTÍA
El titular de la Sucamec afirmó que se estudia implementar una nueva amnistía para recuperar las armas de fuego en posesión irregular, aunque —dijo— para ello se replanteará el enfoque a fin de que esta medida tenga mayor eficacia en sus resultados.
“Hemos examinado los resultados de las amnistías dispuestas anteriormente y consideramos que no han sido los mejores. Estamos viendo de qué forma podemos lograr que una amnistía tenga resultados más efectivos para que las personas que están en posesión irregular legalicen su situación”, expresó.
En ese sentido, el funcionario adelantó que se prepara el lanzamiento de una campaña de entrega voluntaria de armas de fuego en posesión ilegal, mediante el otorgamiento de incentivos, aunque no se ha determinado aún si serán de orden económico o de otra naturaleza.
“Tenemos que buscar los mejores incentivos que favorezcan la entrega de las armas en posesión ilegal”, dijo.
DESTRUCCIÓN DE ARMAS
Latorre Boza adelantó que se coordina con el Servicio Industrial de la Marina (Sima) la destrucción —mediante fundición— de las armas en posesión ilegal que han sido recuperadas en amnistías anteriores y que aún se encuentran en los almacenes de la Sucamec.
Aunque no precisó la cantidad, señaló que hay un lote no muy grande de armas que califican para su destrucción y hay un número mayor que están judicializadas, es decir, necesitan de una resolución judicial para procederse a su destrucción.
“Evaluamos cómo proceder a su destrucción. Hay la posibilidad de fundir esas armas y hacer un monumento que simbólicamente promueva la paz, el desarme y la seguridad ciudadana”, concluyó.
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