Todo lo que debes saber sobre fallo que ordena entrega gratuita de la píldora del día siguiente

El Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada el último lunes la demanda interpuesta por Violeta Cristina Gómez y la ONG Promsex contra el Ministerio de Salud (Minsa) y ordenó que dicha entidad inicie la entrega del Anticonceptivo Oral de Emergencia AOE Levonorgestrel (píldora del día siguiente) en todos los centros de salud a nivel nacional en un plazo no menor de 30 días.

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Ello, luego que en 2009 se suspendió la distribución gratuita de la píldora del día siguiente por un fallo del Tribunal Constitucional en el que se indicaba que existe una “duda razonable” respecto al levonogestrel, principio activo de la pastilla que algunos señalan tiene naturaleza abortiva. Sin embargo, nunca se prohibió su comercialización.

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Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima aclaró este martes —mediante una nota de prensa— que la medida cautelar que fue declarada fundada por el juez David Suárez Burgos es temporal, hasta que el titular del Primer Juzgado Constitucional de Lima emita la sentencia definitiva según plazo de ley.

¿Quién es el juez que dio el fallo?
David Suárez Burgos, titular del Primer Juzgado Constitucional de Lima, falló para que se haga efectiva la entrega gratuita de la píldora del día siguiente en todos los centros de salud del país, y es el mismo magistrado que ratificó la medida cautelar de la suspensión del sorteo del servicio militar obligatorio de unos 1,200 jóvenes en el año 2013.

Este magistrado se inició como Juez de Paz Letrado en el año 2002. Cuatro años después fue designado Juez Especializado Civil Provisional en diferentes juzgados hasta el 2010.

Desde el 5 de enero del 2011 fue designado como Juez Especializado Constitucional Provisional. En los años siguientes volvió a ser nombrado Juez de Paz Titular, Juez Especializado Civil Titular. En junio del 2013 fue incorporado como Juez Especializado Civil Titular del Primer Juzgado Civil Constitucional de Lima y en febrero del 2014 fue designado Coordinador de los Juzgados Constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El 15 de junio del 2013 el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para impedir que se realizara el sorteo que obligaba a los jóvenes a prestar el servicio militar.

Un día antes de que se realizara el mencionado sorteo (19 de junio), el juez Suárez Burgos del Primer Juzgado Constitucional, aceptó el pedido de la Defensoría y ordenó que se dejara en suspenso el sorteo hasta que se resolviera el tema de fondo.

Finalmente, el 26 de julio de ese mismo año, el nombrado magistrado ratificó la medida cautelar emitida el pasado 18 de junio que dejó en suspenso el sorteo del servicio militar obligatorio de unos 1,200 jóvenes de entre 18 a 25 años.

El juez rechazó el recurso de ‘oposición’ que había presentado la procuraduría del Ministerio de Defensa sobre el pedido de la Defensoría del Pueblo e indicó que “mientras se resuelve la Acción de Amparo para que se declare nulo el polémico reglamento de Ley, esta quede suspendida”.