Desde diciembre de 2012, el Gobierno ha emitido una serie de normas para restringir el uso civil de armas de fuego. Sin embargo, el Poder Judicial le acaba de enmendar la plana al establecer que dichos dispositivos “afectan los derechos constitucionales de los ciudadanos”.
El 5° Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior falló a favor del exviceministro del Interior Dardo López-Dolz, quien interpuso una acción de amparo contra el Ministerio del Interior.
La sentencia refiere que, si bien las disposiciones del Ejecutivo persiguen una finalidad constitucional (la seguridad ciudadana), “al parecer esta regulación da lugar a un conflicto con los derechos constitucionales de propiedad y asociación de las personas”.
Indica que la expropiación de bienes de privados (las armas), por parte del Estado, “no está exento de límites”. El fallo tiene efectos vinculantes, por lo que otros afectados con dicha norma podrán invocarlo.
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