Gobierno olvida la lucha contra la trata de personas

La trata de personas es el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, y el Perú es considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de víctimas. Sin embargo, tan alarmante realidad parece importarle poco al Gobierno, que en 2013 apenas dispuso el 0.000015% del presupuesto nacional –que equivale a 1 millón 600 mil soles– para la lucha contra estos crímenes.

Así, los ministerios involucrados en el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016 –creado luego de la promulgación de la ley contra este delito– no han cumplido, a la fecha, con una serie de disposiciones.

Un informe presentado por la organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS), ante el Congreso de la República, revela que el presupuesto del Estado es mínimo para la prevención y persecución de esos delitos y, como consecuencia de ello, los logros son insuficientes.

“Esta cifra resulta ínfima en comparación con otros gastos que realiza el Gobierno como, por ejemplo, la inversión de 30 millones de soles en mejora de equipos para el canal estatal”, señala el documento al que Perú21 tuvo acceso.

Esto ha significado una llamada de atención por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha clasificado al Perú en el denominado Nivel 2 del Reporte Anual sobre la Trata de Personas. Pero esto no es por contribuir en el enfrentamiento contra este flagelo, sino por incumplir las normas mínimas de la ley contra el mismo.

PROBLEMAS EN MINISTERIOS
Los ministerios involucrados en esta lucha son Educación, Interior, de la Mujer, Salud, Comercio Exterior y Turismo, Relaciones Exteriores, Justicia, Transportes y Trabajo.

Además, deben actuar el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales. Cada sector tiene tareas específicas que cumplir y no lo han hecho.

En el caso de la cartera del Interior –que tiene la mayor responsabilidad–, esta ha sido la única que ha proporcionado documentación respecto a la asignación presupuestaria. Para el periodo fiscal 2013 se le otorgaron S/.400 mil –S/.60 mil para Lima–, monto que resulta insuficiente.

Igualmente, otro punto grave es la inoperatividad del sistema RETA, a través del cual se llevaba un registro de las denuncias por los mencionados delitos. Este se encuentra paralizado desde el año 2012.

CHS concluyó en su informe que los sectores involucrados, en su mayoría, solo se centraron en brindar charlas, talleres, convenciones, etc., y que el avance en el ámbito de la asistencia y protección directa a las víctimas fue mínimo.

Otro de los sectores que debería jugar un papel importante es el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, a la fecha no ha reportado las coordinaciones de estrategias con los gobiernos regionales y locales.

También debieron haber implementado al menos seis albergues –a nivel nacional– para brindarles alojamiento transitorio a las víctimas de este delito, pero aún no han construido ninguno.

En tanto, el Ministerio de Educación –que tiene como misión la parte preventiva– hasta el momento no ha emitido un informe para conocer los resultados de su labor, tal como lo establece el respectivo plan. Tampoco ha brindado información sobre la identificación de la población escolar vulnerable.

Finalmente, el Ministerio de Justicia no ha informado sobre el número de víctimas atendidas al amparo de la ley.

DATOS

- En el Poder Judicial se han detectado “debilidades en la protección de víctimas durante los procesos”. Además, las sentencias establecen penas por debajo del mínimo legal y las reparaciones civiles son ínfimas.

- El INEI informó que en lo que va del año se han registrado 201 casos de trata de personas a nivel nacional, de acuerdo con información del Ministerio Público.