Gobierno acatará distribución de píldora del día siguiente [Infografía]

“Nosotros somos respetuosos de las instancias y debemos acatar lo que diga el juez”. Así se refirió, la mañana de ayer, la ministra de Salud, Patricia García Funegra, al fallo del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que ordena la distribución gratuita del ““anticonceptivo oral de emergencia Levonorgestrel”:http://peru21.pe/noticias-de-pildora-dia-siguiente-7871” en todos los centros de salud del Estado.

Sobre este mismo tema, el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, recalcó que se tratan de temas legales. “Esto lo tendrá que ver un juez y ahí se decidirá”, refirió. En cuanto al plazo de 30 días dado por el mencionado tribunal, dijo, en medio de carcajadas: “Le quedan 29 días. Y va (la ministra de Salud) a consultar a cardenal”.

García Funegra agregó que, desde su perspectiva, la AOE no es abortiva. Anunció, además, que su sector viene preparando toda la logística para comenzar a repartir el fármaco “de manera adecuada”, así como al personal que se encargará de hacerlo. No precisó cuál será el presupuesto que se empleará en esta tarea.

Enfatizó que la AOE debe usarse “en casos de emergencia, de violaciones, cuando por alguna razón se rompe el condón” y, para esto, los profesionales de la salud deben estar capacitados con la finalidad de que den consejería sobre el adecuado uso del fármaco.

En tanto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, manifestó: “Quinto mandamiento, ¿no? Como gobierno, respetamos las decisiones del Poder Judicial. En un Estado de derecho, las decisiones del Poder Judicial tendrán que ser respetadas e implementadas”.

Más contundente fue la congresista y segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien se mostró conforme con la decisión del mencionado juzgado constitucional. Recalcó, además, que esta situación podría dar pie a que el Tribunal Constitucional revise su fallo.

“Creo que sí es una necesidad… Es una píldora de emergencia realmente. Es muy injusto que la gente sin recursos no pueda utilizarla porque, si yo voy a una farmacia, la puedo comprar. Nadie me impide, porque tengo los recursos económicos, pero una persona sin recursos no las puede usar”, expresó.

Por otro lado, la abogada Violeta Gómez Hinostroza, quien interpuso la acción de amparo, refirió que la única forma en que se pueda impedir la distribución de la píldora es que el Ministerio de Salud apele esta decisión.

Recalcó que, en unos 30 días aproximadamente, el Primer Juzgado en lo Constitucional de Lima, a cargo del magistrado David Suárez Burgos, tendrá que emitir su resolución final, la misma que también podrá ser apelada en la siguiente instancia, que es la Corte Suprema.

Al respecto, el juez Suárez Burgos aclaró que la medida cautelar que ordena la distribución de la AOE es temporal, hasta que se dé la sentencia definitiva. Reiteró que los efectos de la misma no solo alcanzarían a Gómez Hinostroza, sino a todas las mujeres peruanas en capacidad de procrear.

LO QUE DICE EL Tribunal Constitucional

Quien también opinó sobre este asunto fue Manuel Miranda, presidente del Tribunal Constitucional (TC). El magistrado indicó que, si la decisión no es impugnada, se va a tener que respetar. “Lo que dice el juez se respeta y eso es lo que constituye, en nuestra patria, el Estado constitucional de derecho”, declaró.

Confirmó que la decisión de un juez no varía si no es por la decisión de otro juez o de un órgano superior. La única forma en que el caso llegue al TC es cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales y el demandante presente un recurso de agravio constitucional.

Sobre este asunto, el constitucionalista Aníbal Quiroga dijo que la resolución del juez David Suárez Burgos se ciñe estrictamente a lo que dicen las normas. Recordó que el propio TC, en su resolución del año 2009, deja abierta la posibilidad de revisar su decisión si aparecían nuevos argumentos.

“La jurisprudencia cambia con otra jurisprudencia. Y esta se crea, generalmente, en estas instancias. Eso se da siempre y es válido”, declaró a Perú21.

Sostuvo que ya la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la píldora del día siguiente no es abortiva. Además, reiteró que existe un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se varió el concepto de concebido (caso Artavia Murillo).

Finalmente, expresó que la determinación del TC ha generado una situación de desigualdad, pues si bien la AOE no se distribuye gratuitamente en los centros de salud públicos, esta sí puede ser adquirida por personas con capacidad adquisitiva.

Se pronuncian en contra

Por otro lado, José Garrido Lecca, director de la ONG Ala Sin Componenda, una de las instituciones que presentó la demanda contra la AOE en el 2009 ante el TC, refirió que se trata de un escándalo y una vergüenza, pues –desde su punto de vista– no ha habido respeto ni a la Constitución Política del Perú ni al propio TC.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, Salvador Piñeiro, enfatizó que, para la Iglesia Católica, la vida comienza desde el momento en que se produce la concepción y no solamente cuando el óvulo fecundado se ha implantado en el útero.

Indicó que, si se ponen cosas mecánicas o químicas, “como la pastilla que se está promocionando”, estas afectan la implantación en el útero. “Es de mucho cuidado. Y vemos como un microaborto”, sostuvo. Manifestó que, cuando tengan mayor información, emitirán un pronunciamiento.

El 60% de gestaciones en niñas fue producto de abuso sexual

Un embarazo no deseado no es un proceso fácil de llevar. Menos aún cuando se es menor de edad y encima si es consecuencia de una violación sexual. De acuerdo con un estudio de la ONG Save the Children, el 60% de casos de niñas de 12 a 16 años que quedaron encinta responde a una violación que se dio, principalmente, dentro del ambiente intrafamiliar.

Esta lamentable situación tiene muchas causas. Las principales son la falta de acceso de las menores a los métodos anticonceptivos, las dificultades para acceder a los servicios de salud, la carencia de una educación sexual integral, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como la inequidad de género.

Victoria Rico, vocera de dicha institución, enfatizó que es sumamente alta la tasa de embarazos en adolescentes a causa de una agresión sexual y que hace falta una respuesta integral del Estado para ayudar a las víctimas, pero también para efectuar trabajos preventivos.

La mayoría de casos de embarazos en adolescentes se dan en dos escenarios distintos. Por un lado, están las zonas rurales de la selva, en regiones como Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Por otro lado, se encuentran los sectores urbano-marginales de ciudades como Lima, Callao, Tumbes e Ica.

Pero por si esta situación no fuera ya, de por sí, complicada, Save the Children reveló que ocho de cada diez niñas madres abandonan la escuela y que solo el 34% culminó la primaria.

Esto genera una gran brecha educativa que, a su vez, desencadena otros problemas en los hogares que forman estas menores. Todo esto ocurre pese a que existe una ley (N° 29600), que promueve la reinserción a la educación formal en caso de embarazo adolescente, la misma que no es implementada.