Fiscalía Anticorrupción continúa investigación a gestión de Boza en el IPD

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Francisco Boza Dibós, sigue en el ojo de la tormenta. Tal como informó Perú21 en julio de 2013, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios anunció que continúa con la investigación al titular de dicha institución por una serie de irregularidades que, presuntamente, habría cometido en menos de tres años de gestión.

En un comunicado publicado en su página web, el Ministerio Público señaló que en la indagación están comprendidos también algunos funcionarios del IPD y los principales directivos del Comité Olimpico Peruano (COP), del cual Boza Dibos es miembro desde hace nueve años, al haber encontrado indicios razonables por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos y peculado, en agravio del Estado.

Dicho despacho fiscal indicó que formalizó la denuncia penal sobre el caso y comunicó en junio pasado dicho trámite al Juzgado Penal de Lima para casos de Corrupción de Funcionarios.

Las investigaciones iniciadas señalan que los presuntos delitos se habrían cometido al haber extrañamente aumentado las subvenciones o apoyos económicos con fondos públicos al COP, desde que Boza Dibos asumió la presidencia del IPD; así como las rendiciones poco claras y sospechosas de dichas subvenciones, otorgadas con fondos públicos, desde agosto de 2011 hasta abril de 2013, que incluye los Juegos Bolivarianos Playa 2012.

El fiscal adjunto provincial especializado a cargo de la investigación, José Nuñez Chasquero, dijo que viene realizando las pesquisas sobre la sustentación de los gastos efectuados por el COP con fondos públicos otorgados por el IPD para actividades estrictamente deportivas por más de 2 millones y medio de soles, efectuados en el año 2011.

Asimismo, el monto superior a los S/.46 millones otorgados en el 2012, año en que se realizaron los Juegos Bolivarianos de Playa, evento cuya organización demandó más de 15 millones 800 mil soles; y de enero a abril de 2013 destinó más de un millón 300 mil soles; montos de cuyos resultados se investigan respecto a las actividades deportivas, ya que se habría sobrevalorado precios, duplicado facturas y boletas, así como la carencia de sustento o que no guardan relación con las actividades deportivas; habiéndose ordenado para ello una pericia contable.

La Fiscalía viene efectuando el cruce de información indistinta de las facturas, boletas, recibos y otros que obran en la documentación recabada en la carpeta fiscal 224-2013, debido a que durante la gestión de Boza Dibos, extrañamente el patrimonio del COP aumentó en forma significativa, siendo sospechoso, dado que el titular del IPD se ha desempeñado como tesorero del COP y actualmente como su secretario general.

Asimismo, los enseres adquiridos para el COP no tendrían sustento ya que no corresponderían al uso netamente deportivo, como la compra de televisores, equipos de comunicación electrónicas (tablets), equipos de sonido, pago de viáticos, gastos menores y mayores, etcétera.

LOS PRESUNTOS DELITOS
El representante del Ministerio Público también investiga el mal uso de los fondos públicos otorgados por el IPD al Comité Olimpico Peruano, que es una asociación de derecho privado, pues dichos gastos debían haberse efectuado para las actividades deportivas y no para otros fines; conducta que el Código Penal tipifica como peculado por extensión.

De otro lado, señaló que hay indicios de que mientras al COP se le aumentó las subvenciones o apoyos económicos, otras federaciones nacionales deportivas no habrían recibido los fondos destinados para subvenciones, para sus actividades deportivas, configurando el delito de malversación de fondos.

También se detectaron otros delitos menores como el de nombramiento ilegal al haber designado a Alfredo Akio Tamashiro Noborikawa en el cargo de director de la Dirección Nacional de Afiliados al IPD, órgano encargado de dar el visto bueno para el otorgamiento de subvenciones, por no tener los requisitos exigidos para el caso; así como la comisión del delito de retardo de actos funcionales, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima por ser de su competencia.