Aunque usted no lo crea, el nivel de inseguridad en Lima ha llegado a tal extremo que ahora muchos comerciantes de zonas emergentes prefieren pagar a los extorsionadores para que les den seguridad antes que acudir a la Policía.
Esto no solo se vive en Gamarra, tal como lo alertó Perú21 el pasado jueves. También ocurre en las zonas industriales de Villa El Salvador, Los Olivos, Independencia y San Juan de Lurigancho.
“Obviamente, los negociantes, al ver que la criminalidad tiene más poder, prefieren optar por estos antes que contratar a un policía”, manifestó el congresista y exministro del Interior Octavio Salazar .
Se trata de un fenómeno que, según Salazar, ha crecido considerablemente en el último año y que se fortalece con la impunidad que muchas veces rodea a los malhechores. “La ley y el orden vienen siendo rebasados por las garantías que se les ofrece a los delincuentes. Estos pueden quedar en libertad por confesión sincera o por el principio de oportunidad, entre otros”, refirió.
LOS USAN PARA ‘MARCAR’
Ahora, toda esta situación genera un problema aún mayor: que los hampones que ofrecen seguridad* aprovechan este ‘trabajo’ para marcar* a sus potenciales víctimas.
“Ven quién es el empresario con más dinero, quién es el dueño de tal tienda o edificio, quién realiza la mayor cantidad de compras. Se les paga por una supuesta vigilancia, pero estos aprovechan para ‘marcar’ a nuevas víctimas, que les pueden generar mayores ganancias”, recalcó el parlamentario.
Así como se ha generado un círculo vicioso en construcción civil –con zonas en las que los extorsionadores se han apoderado de cuanta obra existe–, también se ha formado una dependencia entre negociantes y criminales.
¿Qué hacer? Salazar propone un trabajo de inteligencia. “Que tomen fotos y que identifiquen a los cabecillas de estas bandas”, refirió. “En Gamarra, por ejemplo, se sabe que muchos de los que tienen chalecos negros y llevan un fierro largo con punta filuda se dedican a exigir cupos”, manifestó. Estos ya podrían ser detenidos.
MANO DURA
De otro lado, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, exhortó a los fiscales a que sean más rigurosos y estrictos en las investigaciones contra las mafias de extorsionadores, sobre todo las que actúan en construcción civil.
Pidió a los representantes del Ministerio Público que reúnan las pruebas suficientes para asegurar una sanción efectiva a quienes resulten responsables de estos delitos y, de esta forma, evitar la sensación de impunidad.
“Los jueces aplicarán la sanción penal que corresponda en la medida que los fiscales sustenten con suficiente material probatorio sus denuncias”, destacó Mendoza, quien acotó que ha instado a los magistrados a que emitan fallos que generen seguridad a la población.
Solo dos comerciantes de Gamarra han denunciado casos de extorsión en la División de Investigación de Secuestros. Los hampones suelen exigir de S/.10 mil a S/.20 mil a los empresarios de dicho emporio comercial para ‘dejarlos’ trabajar.
Se calcula que al día se producen 15 robos en dicha zona, según indicaron los mismos comerciantes.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.