Alrededor de 10 toneladas de medicamentos falsificados, envases, materia prima almacenada en condiciones inadecuadas y maquinaria fueron incautadas en el laboratorio Zagall, ubicado en el jirón Francisco de Zela 354 en San Martín de Porres.

El laboratorio era formal pero se encontraba con cierre temporal y tenía un local anexo clandestino, lo que se descubrió tras un operativo conjunto realizado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la Policía Nacional y el Ministerio Público.

“En este operativo se encontró personal fabricando tabletas sin contar con autorización de la Digemid y, además, descubrimos que esta empresa contaba también con un laboratorio clandestino que fabricaba alcohol y otros productos en condiciones insalubres”, informó Pedro Yarasca, titular de la Digemid.

El funcionario explicó que dicho establecimiento solo contaba con autorización para fabricar productos galénicos (cremas) y no medicamentos; a lo que se suma que se encontraba bajo cierre temporal por medida de seguridad sanitaria desde 2011, por lo que no podía elaborar ni comercializar producto alguno.

Yarasca detalló que en este lugar se encontraron pastillas falsificadas bajo el nombre de Esomeprazol –que es utilizado para el tratamiento de las úlceras– el cual se estaba colocando en su envase inmediato (folios de aluminio) mediante una máquina foliadora industrial.

Tras la intervención, en la que se incautó los medicamentos falsificados y la maquinaria con la que se fabricaban, el fiscal de prevención del Delito de Lima Norte dispuso la detención de tres personas (el gerente general, el administrador y la química farmacéutica) quienes serán investigadas por el delito contra la salud pública.

En simultáneo, se intervino el local anexo a dicho laboratorio, ubicado en una vivienda de tres pisos, en el jirón Independencia 305, en la que bajo condiciones insalubres e inadecuadas, un grupo de jóvenes trabajaba en la elaboración de medicamentos falsos y cuyo local servía de almacén clandestino.

Al término del operativo, Yarasca informó que de encontrarse responsabilidad en los detenidos, estos podrían ser condenados de 4 a 10 años de prisión efectiva y hasta 15 años en caso que su consumo ocasione lesiones graves o la muerte a alguna persona.