Orellana intentaría apropiarse de locales de la Fundación por los Niños del Perú

Lourdes Flores Nano denunció que el empresario Rodolfo Orellana –implicado por la Procuraduría en el caso ‘La Centralita’– trata de apropiarse de forma irregular de dos locales de la Fundación por los Niños del Perú.

“En esta ocasión, como abogada, es mi deber contribuir con la verdad y a que enfrentemos esta organización delictiva y la venzamos”, dijo a Sin peros en la lengua la excandidata presidencial y defensora de la mencionada institución.

La también lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) explicó que la organización Brida, vinculada a Orellana, intenta quedarse con dos locales: uno ubicado en Chaclacayo, de más de 17 mil metros; y otro en Surco. Su argeumento es que mejoraron la infraestructura de ambos locales.

Flores Nano consideró que Orellana “ha penetrado” en el Colegio de Abogados de Lima, pues esta institución aceptó como válido, el 22 de agosto de 2011, un documento de Brisa SAC pese a que este contenía anexos del 19 de septiembre de ese año. “No puede haber un proceso bamba, que presenten una demanda con papeles de fecha posterior”, remarcó.

OTRAS PERLAS
En tanto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde calificó de “hampón” al empresario y abogado. “Es el delincuente organizado más grande del Perú. Es una cosa equivalente a (Pablo) Escobar en Colombia”, destacó en diálogo con el programa de América TV.

Asimismo, denunció que la familia de Orellana ocupa ilegalmente un wawa wasi (albergue infantil) en Chaclacayo. “El caso fue denunciado ante el Congreso de la República, pero no inician una investigación en su contra porque estaría asociado con Coopex, de propiedad del mismo implicado”, expresó.

García Belaunde advirtió que personas vinculadas al empresario, que hace unos días cayó en contradicciones sobre su encuentro con el fiscal Carlos Ramos Heredia, intentan apropiarse de un lote del área de parqueo y jardines del hospital Hermilio Valdizán.

Según contó el parlamentario de Acción Popular, la división del área se realizó con una resolución falsa de la Municipalidad de Lima, institución encargada de la administración de la Beneficencia Pública.