Pleno del Congreso debate este jueves proyectos del Ejecutivo y de Fuerza Popular sobre La Oroya

[ACTUALIZACIÓN 25/08/2016 11:10]
El congresista de Fuerza Popular Juan Carlos González, quien es además presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, defendió el proyecto presentado por su bancada para evitar la liquidación de Doe Run, empresa que opera el complejo metalúrgico de La Oroya.

“Presentamos el proyecto de ley (…) y planteamos que el plazo total de 4 años propuesto por el Poder Ejecutivo, es excesivo y por otro lado, es necesario que la ampliación del plazo sea autorizado mediante Decreto Supremo que señale en forma expresa la obligatoriedad de cumplimiento la legislación ambiental, así como también con las normas y pactos laborales ya que, al haber transcurrido un año sin que haya solución alguna al grave problema social de La Oroya, es pertinente que el estado plantee la solución definitiva a este tema”, indicó el legislador fujimorista.

[NOTA ORIGINAL 25/08/2016 11:10]
La Junta de Portavoces del Congreso de la República decidió hoy pasar directamente al Pleno la discusión de los proyectos de ley del Ejecutivo y de la bancada de Fuerza Popular que proponen modificar la Ley del Sistema Concursal y que afecta el plazo de prórroga de liquidación en marcha de Doe Run, empresa que opera el complejo metalúrgico de La Oroya.

[Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para solucionar el problema de La Oroya]

Estos planes legislativos fueron priorizados al tener carácter de urgencia, ya que este sábado 27 de agosto culmina la prórroga de la liquidación en marcha. Por ello se exoneró su discusión en una comisión.

De esta manera, el gobierno está a la espera de que el Legislativo apruebe su propuesta, y así ampliar este plazo de liquidación hasta por cuatro años para encontrar una nueva empresa que se haga cargo de la refinería.

Fuerza Popular también propone una modificación en la Ley Concursal, pero señala que el proceso de liquidación en marcha se efectúe en un año, y que este “puede” ser prorrogado por el Ejecutivo por un año más, a través de un decreto supremo “debidamente fundamentado y en el que se señale la obligación de cumplir la legislación ambiental”, se cita en la propuesta legislativa.