03.MAY Viernes, 2024
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‘Narcoindultos’: Dictan impedimento de salida del país a 10 implicados

Medida también incluye a José Marruffo Acosta, exasesor legal del exministro de Justicia Aurelio Pastor.

Medida restrictiva se amplió por cuatro meses más. (Difusión)
Medida restrictiva se amplió por cuatro meses más. (Difusión)

El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la ampliación por cuatro meses más del impedimento de salida del país contra 10 procesados por el caso ‘narcoindultos’ del segundo régimen aprista, con el fin de evitar su fuga y garantizar la eficacia de la acción de la justicia.

La medida restrictiva comprende a Manuel Huamán Montenegro, Manuel Carrera Toribio, Noelia Gómez Paulet, Dámaso Luyo Vicente, Freddy Vilela Mijahuanca, Fabiola Ojeda Julca, Renato Dávila Asín, Jaime Acevedo Saavedra y Silvia Lira Chachayma.

También se prolongó el plazo de impedimento de salida del territorio nacional contra José Manfredi Marruffo Acosta, exasesor legal del exministro de Justicia Aurelio Pastor.

Ellos son procesados por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo propio, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado y de la sociedad.

El juez Miguel Quevedo consideró que se está al frente de una investigación compleja por la pluralidad de implicados, por el concurso de hechos acreditados en la gran cantidad de expedientes por conmutación de penas, así como por la gravedad de los delitos investigados.

Asimismo, porque aún faltan actuar y recabar una gran cantidad de medios de prueba como son pericias, visualizaciones, declaraciones testimoniales, declaraciones de investigados, acopio de informes y otras pruebas.

En su requerimiento, la Fiscalía fundamentó que los implicados pertenecerían a una estructura criminal organizada, cada uno con roles específicos dentro de la organización, liderada por el procesado Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, que habría recibido pagos y dádivas para beneficiar a condenados por narcotráfico entre 2008 y 2010.


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