La Contraloría General de la República anunció una auditoría a la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), adscrita al Ministerio del Interior, tras las graves denuncias periodísticas sobre malos manejos de los bienes y recursos que administra y que obligaron al Gobierno a sacar a Dacia Escalante de la jefatura de dicho organismo.
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El órgano de control recordó que en el 2013 ya había detectado debilidades en el control interno que fueron comunicadas oportunamente a la Onagi para que adopten las medidas correctivas del caso.
Esa auditoría reveló que los premios no reclamados adjudicados y entregados a diversos beneficiarios no contaban con todo el sustento documentario, lo que limitó la revisión y verificación de información.
“Actualmente se encuentra en proceso de implementación las recomendaciones que le fueron formuladas para evitar que estas situaciones se repitan”, señaló la Contraloría en un comunicado.
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Para el nuevo examen, el órgano de control ya notificó al Ministerio del Interior y registro a los integrantes de la comisión auditora, fin de que les brinden todas las facilidades del caso para su labor.
La auditoría abarca el presunto uso proselitista de gobernadores, la supuesta entrega irregular de premios no reclamados a beneficiarios con determinada filiación política, uso de dinero proveniente de premios no reclamados para compra de canastas navideñas para trabajadores de la Onagi, así como el presunto pago irregular de vacaciones no truncas a la exjefa de la entidad, Dacia Escalante.
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Asimismo, se están adoptando las acciones necesarias para también poder investigar los criterios para la designación de los gobernadores y tenientes gobernadores a nivel nacional.
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