Era de esperarse. La excongresista y dirigente cocalera Nancy Obregón, detenida el domingo último junto con otras 29 personas en un ‘megaoperativo’ de la Dirandro por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, se victimizó y denunció ser objeto de una “persecución política” en una carta abierta publicada en su cuenta de Facebook.
“Estamos siendo víctimas de una cruel represión y persecución política por parte de sectores que nos quieren ver desaparecidos en el ámbito político y social (…) mi función permanentemente ha sido de organizar al movimiento cocalero al cual pertenezco”, dijo tras rechazar las imputaciones del fiscal Héctor de la Cruz.
Tras mueve meses de una exhaustiva investigación, dicho fiscal ordenó que se lleve a cabo el operativo en Lima y Tocache, que terminó con la captura de la excongresista humalista y dos de sus familiares, así como también del presidente del Frente de Defensa de Tocache, Joel Rivasplata Suárez, y del gobernador provincial Edwin Usuriaga Paz, debido a que las evidencias halladas son contundentes.
Obregón, quien durante el juicio al líder senderista Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’, fue acusada por testigos claves de haber coordinado con él y sus secuaces, sostuvo además que su detención es una “cortina de humo” que pretende tapar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo, puestos que –agregó–, “están siendo copados por Perú Posible el cual lidera el señor Alejandro Toledo”.
“Esta atrocidad que se está cometiendo obedece a intereses desde las más altas esferas del poder político, se necesitaba un chivo expiatorio para poder distraer a la opinión pública en temas muy sensibles para nuestro país”, dijo, aunque parece olvidar que quien está en el Gobierno es el líder del partido al cual pertenece, Ollanta Humala.
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