El procurador anticorrupción Christian Salas exhortó al Parlamento a retomar el debate del proyecto de ley que inhabilita y declara la muerte civil de las personas condenadas por delitos de corrupción.
Tras conocerse la participación de sentenciados por corrupción en las elecciones municipales y regionales de octubre, el defensor del Estado consideró necesario contar con una norma que impida este tipo de participaciones. Reconoció que la medida no podría aplicarse en los próximos comicios, pero sí en los procesos futuros como las elecciones generales de 2016.
“Es lamentable que la legislación, así como está, permita que personas sentenciadas por corrupción puedan volver a la administración pública a través del voto popular. Es algo que con la ley de inhabilitación se buscaba impedir”, sostuvo tras advertir que de no tomarse medidas “siempre existirá el riesgo de que gente que asaltó al Estado esté nuevamente en algún cargo público”.
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