Ministerio de Justicia propuso medidas restrictivas contra los procuradores

En el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Gobierno Central, el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de decreto legislativo que reforma el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y cuyo objetivo principal sería restar autonomía a las procuradurías especializadas y desaparecer algunas de ellas.

En el documento, al que tuvo acceso este diario, se plantea la derogatoria del Decreto Legislativo 1068 y su reglamento, normas que actualmente regulan el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) y las procuradurías.

Perú21 consultó con una fuente del Ministerio de Justicia respecto a la promulgación de este decreto, pero advirtió que, si no fue emitido por el Ejecutivo hasta el sábado último, es porque no ha sido considerado.

Empero, otra fuente indicó que el plazo de las facultades otorgadas culmina aún mañana y que el hecho de haber elaborado y debatido en el Consejo de Ministros un proyecto de esa naturaleza evidencia el interés del gobierno por restar autonomía a las procuradurías especializadas y tener mayor control respecto de su accionar frente a las investigaciones abiertas a funcionarios y amigos de esta administración.

LO QUE DICE EL PROYECTO
En el proyecto se busca empoderar la labor del ministro de Justicia al ampliar sus facultades como presidente del CDJE, en especial para dirimir la designación o cese de los procuradores públicos.

Otro aspecto relevante que traería esta norma sería la creación de nuevas procuradurías especializadas en crimen organizado, delitos cometidos en el Vraem y ejecución de obligaciones dinerarias nacionales e internacionales. Es decir, las procuradurías que actualmente tienen la labor de cautelar los intereses del Estado y hacer cumplir el pago de las reparaciones civiles a las personas sentenciadas no realizarían más esta labor.

Con la creación de la procuraduría de crimen organizado, les restaría campo de acción a las especializadas como Orden Público, Lavado de Activos, Terrorismo y Tráfico Ilícito de Drogas (TID).

La propuesta también delimita la dependencia orgánica y administrativa de estos organismos. El sector Interior tendría bajo su cargo las procuradurías de Asuntos de Orden Público, Crimen Organizado, Lavado de Activos, Terrorismo, TID y delitos cometidos en el Vraem.

Por su parte, el Ministerio de Justicia tendría a su cargo las procuradurías constitucional,* delitos de corrupción, supranacional, ad hoc y la de ejecución de obligaciones dinerarias*. Es decir, las procuradurías vinculadas a investigaciones al gobierno continuarán bajo la administración del ministro Gustavo Adrianzén.

Al ser consultado sobre este proyecto, el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu señaló que se debería analizar si se ajusta a la delegación otorgada al Ejecutivo. Respecto a entregar facultades al titular del sector, advirtió que “otorgar más prerrogativas al ministro de Justicia, es decir al presidente del CDJE, es absolutamente nocivo”. Destacó que es inconveniente, por decir lo menos, que las procuradurías dependan del Ejecutivo y más bien deben ser parte de un ente autónomo.

ANTECEDENTES

• La ofensiva contra los procuradores empezó cuando el ministro de Justicia envió un oficio (10/06/15) a la procuradora Julia Príncipe para pedir explicación tras haber declarado, sin autorización, sobre la investigación por el delito de lavado de activos a Nadine Heredia.

• Luego, el CDJE abrió un proceso administrativo a Príncipe. El ministro Adrianzén señaló que no conoce un caso que haya terminado en destitución.