‘Megacomisión’ sostiene que Alan García cometió delito

En las conclusiones principales de los ocho informes finales de la ‘megacomisión’ —grupo que investigó el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) por más de dos años—, los cuales serán debatidos en abril próximo en el Pleno del Congreso, se recomienda acusar al expresidente por un delito y al menos nueve acusaciones constitucionales, según la documentación oficial.

[‘Megacomisión’: En abril se inicia debate de informes en el Congreso]

Esa comisión investigadora concluyó que existen indicios o elementos de juicio suficientes para que García sea denunciado ante las instancias pertinentes por el delito de asociación ilícita para delinquir y también por diferentes infracciones a la Constitución, tales como la afectación al principio de la separación de poderes, abuso de las limitaciones y responsabilidades del mandatario e incumplimiento del deber de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, entre otras figuras.

Las sindicaciones aparentemente más graves se encuentran en los informes de los casos de presunta interferencia política en el asunto Business Track (BTR), de indultos y conmutaciones de pena, del programa Agua para Todos y de la supuesta ilegal venta del aeródromo de Collique, de acuerdo con los documentos oficiales difundidos por la organización civil Justicia Viva.

[Megacomisión: Informes sobre Alan García enfrenta a Mulder y Tejada]

LOS CARGOS
La ‘megacomisión’ consideró que Alan García, el expremier Jorge del Castillo y los exministros Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo habrían conformado una red delictiva “para obstaculizar la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de los hechos vinculados a las actividades de interceptación telefónica de la empresa BTR”, entre los años 2008 y 2009.

Esto, presuntamente con el fin de ocultar la “interferencia de miembros del gobierno y el partido aprista en los contratos de entidades estatales”.

Por este caso, se recomendó, a su vez, que el exgobernante fuese acusado por transgredir la Constitución.

A Del Castillo se le añadió el ilícito penal de encubrimiento personal por supuestamente haber facilitado la salida del país de dos exmarinos relacionados con el caso BTR.

[Del Castillo: Informes de la ‘megacomisión’ sí están desquiciados]

Como se recuerda, la compañía BTR fue intervenida luego de la difusión de los llamados ‘petroaudios’ que, al parecer, comprometían a altos funcionarios del régimen presidencial de García. Las investigaciones policiales y judiciales establecieron que personal de esa firma de seguridad participó en actividades de ‘chuponeo’ telefónico.

LA ‘MEGACUSACIÓN’
Luego de investigar la excarcelación de procesados y condenados —entre 2006 y 2011—, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, el grupo de trabajo congresal llegó a la conclusión de que García debería ser denunciado constitucionalmente por conceder, presuntamente de manera irregular, conmutaciones e indultos a sentenciados por el delito de narcotráfico,
Se añadió que se habría constituido en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial.

“El propio expresidente, de puño y letra, incrementó los años conmutados más allá de los recomendados por la comisión, beneficiando a internos por tráfico de drogas”, se anotó en el informe final.

DATOS

- La ‘megacomisión’ se instaló en noviembre de 2011, unos meses después de que Ollanta Humala asumiera la presidencia, y sus funciones terminaron en enero pasado.

- Este grupo de investigación, presidido por el oficialista Sergio Tejada, estuvo conformado por Enrique Wong, Carlos Tubino, Carmen Omonte, Cristobal Llatas, Juan Pari y Héctor Becerril.

- El legislador aprista Javier Velásquez denunció que la ‘megacomisión’ gastó más de S/.12 millones en dos años de funciones.

LOS INFORMES

- Indultos y conmutaciones de pena. La ‘megacomisión’ plantea formular denuncia penal y acusación constitucional respectivas a los implicados: Alan García, el exministro Aurelio Pastor y el exjefe de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel.

- Interferencia política en el caso BTR. Propone remitir las evidencias halladas a la Fiscalía y a la Comisión de Fiscalización. Los sindicados son García y los exministros Jorge Del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo.

- Agua para todos. Se tiene la presunción de que se declaró una situación de emergencia sin asidero que permitió la falta de control en el manejo de recursos. Se recomienda la derogación de la norma respectiva.

- Colegios emblemáticos. Supuestamente se usaron decretos de urgencia de forma ilegal para obras. Se plantea analizar la ley y que se investigue más.

- Venta del aeródromo de Collique. Se cuestiona la transacción y se propone la indagación del caso.

- Sedapal-Sistema Integral de Actividades Comerciales. Se recomienda investigar las adjudicaciones de esta entidad.

- Decretos de urgencia. Se plantea analizarlos e indagar los mismos.

- Casos complementarios. Se recomienda investigar cinco casos, como las donaciones de Odebrecht.