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Magistrado Carlos Mesía denunció al Estado peruano ante la Corte-IDH

Miembro del Tribunal Constitucional señala que se violaron sus derechos por la acusación constitucional que interpuso el congresista Daniel Abugattás.

Magistrado Carlos Mesía denunció al Estado peruano ante la Corte-IDH. (César Fajardo)
Magistrado Carlos Mesía denunció al Estado peruano ante la Corte-IDH. (César Fajardo)

Cumplió con lo anunciado. Carlos Mesía, miembro del Tribunal Constitucional (TC), denunció al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) porque se violaron sus derechos por la acusación constitucional que le interpuso el congresista Daniel Abugattás ante un fallo emitido por la institución.

Según el diario El Comercio, Mesía dijo en su demanda que el Congreso peruano violó sus derechos como juez al tramitar una acusación constitucional presentada por Abugattás contra él y sus colegas Gerardo Eto y Ernesto Álvarez.

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Los tres magistrados del TC habían dictado un fallo que enfrentó al TC con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por anular el nombramiento de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval y designar en su lugar a Mateo Castañeda.

El fallo fue calificado por algunos congresistas como “un golpe a la democracia y a la institucionalidad”.

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“Sin ningún sustento se afirma temerariamente que la sentencia del Tribunal es obra del Partido Aprista Peruano”, señala Mesía en la demanda, a la que tuvo acceso El Comercio.

“Los tres magistrados acusados no obedecen ni sienten influencias por algún partido político”, señala el documento, citado por el diario.

La demanda presentada por Mesía ante la Corte-IDH asegura que “se violaron los derechos de garantía de imparcialidad de la autoridad disciplinaria, la independencia de los magistrados y el principio de legalidad”.

“Las sentencias del tribunal ni los magistrados que las suscriben pueden ser objeto de control político por el Congreso, pues es una forma de interferir indirectamente en su independencia y autonomía”, sostiene el magistrado en la demanda.

Explica que el Congreso “solo lo puede investigar en el caso de que haya cometido un delito en el ejercicio de sus funciones y no por hacer su trabajo al suscribir una sentencia”.


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