Los titulares de los tres organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) coincidieron en plantear la intervención de la Contraloría de la República en la* supervisión de los fondos por concepto de financiamiento público* que se entregarán a las agrupaciones políticas, así como la obligatoriedad de tener los servicios de un contador para tener las finanzas partidarias en orden.
Así lo expresaron el último martes durante la sesión de la Comisión de Constitución, que preside Fredy Otárola, que contó también con la participación de los dirigentes de los diferentes partidos políticos.
Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, y el del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Jorge Luis Yrivarren, expusieron los argumentos que vienen impulsando sobre reformas electorales relacionadas a la democracia interna, la fiscalización de financiamiento privado y la modificación del voto preferencial.
Los representantes del Sistema Electoral expresaron su respeto al Congreso y a las agrupaciones políticas. “Somos totalmente respetuosos de la majestad del Congreso”, manifestó el jefe de la ONPE, Mariano Cucho.
Los tres altos funcionarios solicitaron incluir sus sugerencias en la elaboración de su informe final respecto a los temas referentes a las sanciones a los partidos políticos, candidatos y electores por faltas de índole informativa o electoral. Minutos después, representantes de todos los partidos políticos argumentaron su posición respecto a este tema.
El congresista Pedro Spadaro (FP) consideró como “inconstitucional” que se permita la intervención de la Contraloría en la revisión de los fondos de los partidos. A su turno, Daniel Abugattás (GP) planteó que el financiamiento público sea destinado también a subvencionar la franja electoral ampliada de la propaganda de los candidatos presidenciales en espacios en los medios de comunicación social.
Por su parte, Rafael Yamashiro, secretario general del PPC, propuso que los partidos puedan determinar sanciones individuales a sus integrantes cuando estos incurran en faltas y luego poner a dichas personas a disposición de los organismos electorales.
¿SABÍAS QUÉ?
- Los grupos políticos también solicitaron plazos más amplios para la realización de elecciones internas de sus candidatos, así como regular mejor el uso de fondos públicos para la contratación de espacios propagandísticos en los medios de comunicación.
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