El urgente problema del agua potable es tratado con énfasis por el electo presidente.
Desarrollar el servicio de agua potable y desagüe es fundamental. Sin embargo, cuando hablamos del “problema del agua” debemos referirnos también a otro asunto, que apunta a la entidad que administra y vigila las fuentes naturales de agua, otorga derechos de uso y autoriza las obras en fuentes naturales de agua. Me refiero a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La ANA es un organismo especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y constituye una institución a la que nuestro Estado no le ha concedido la relevancia que amerita.
¿Por qué la ANA se encuentra adscrita al Minagri? El ente rector del sistema nacional de gestión de recursos hídricos no debería estar adscrito al Minagri –a pesar de la demanda agrícola–, porque sus funciones son transversales a diversos sectores, por lo que resultaría apropiado que se encuentre en el ámbito del Ministerio del Ambiente o en su defecto, en la PCM, con el objeto de gestionar mejor con distintos sectores: agricultura, vivienda, energía y minas, producción, entre otros.
El debate público sobre la gestión de las entidades del Estado no suele incluir a la ANA. Esto evidencia la poca atención que políticos, prensa y, consecuentemente, ciudadanía brindan al organismo encargado de conducir la gestión de los recursos hídricos.
Los funcionarios de la ANA son claves para el planeamiento y la ejecución de proyectos de inversión; no obstante, la ANA no ha logrado convocar a un equipo profesional de alto nivel que consolide una institución destacada. El próximo gobierno –y el Congreso– debería incluir –entre su acertado enfoque para priorizar el “problema del agua”– a la ANA; organizando sus competencias, a partir de modificaciones normativas, así como la designación de profesionales de notable trayectoria y prestigio.
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