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Hay 12 casos en riesgo por falta de peritos en Procuraduría

Por la desactivación de la Unidad de Análisis Financiero y Pericial, procesos de lavado de activos podrían ser afectados.

Procuraduría: Las pesquisas de varios casos emblemáticos se verían perjudicados con la salida de profesionales especializados. (César Fajardo)
Procuraduría: Las pesquisas de varios casos emblemáticos se verían perjudicados con la salida de profesionales especializados. (César Fajardo)

La desactivación de la Unidad de Análisis Financiero y Pericial del Consejo de Defensa Jurídica del Estado pondría en riesgo al menos 12 casos de investigación por lavado de activos, impulsados por la procuraduría especializada, entre los cuales se encuentran varios de los llamados “emblemáticos”, según documentación oficial a la que accedió Perú21.

Esa medida, ejecutada por el Ministerio de Justicia en junio reciente, podría poner en riesgo los peritajes efectuados en el denominado *caso Ecoteva*http://peru21.pe/noticias-de-caso-ecoteva-86467, en las pesquisas a la parlamentaria fujimorista María López Córdova, a la red de corrupción en Áncash, así como la indagación a Gregoria Casas Huamanhuillca (Tía Goya), sindicada como la cabecilla de una organización de minería ilegal en Madre de Dios.

Los otros 8 casos de lavado de activos, consignados en el documento, están relacionados a personas y empresas investigadas o procesadas judicialmente por delitos de extorsión, proxenetismo, explotación sexual o tráfico ilegal de oro.

De acuerdo con las fuentes, la desactivación del referido equipo especializado traería como consecuencia que los peritajes, presentados formalmente ante la Fiscalía o el Poder Judicial, podrían ser descartados debido a que sus autores no los ratificarán, pues ya dejaron de pertenecer a ese organismo.

En el documento se registra que los peritajes a los 12 casos fueron realizados entre 2013 y 2015. Además, se detalla la situación judicial actual de cada uno de ellos.

EL ESTADO DE LAS COSAS
Respecto a la investigación llamada Ecoteva, por la cual está denunciado el ex presidente Alejandro Toledo y parte de su entorno, se indica que se encuentra “pendiente de resolver competencia de juzgado que conocerá el proceso judicial”.

Como se recuerda, este caso se inició a fines de enero de 2013, cuando la prensa reveló que Eva Fernenbug, suegra del exmandatario, adquirió al contado una residencia en Las Casuarinas por US$3’750,000.

Luego, durante la investigación de la Procuraduría y la Fiscalía, se conoció otra compra de Fernenbug en la Torre Omega, también en Surco, por US$882,400. Y posteriormente, se identificaron varias compañías en Costa Rica –entre ellas Ecoteva– y Panamá que fueron utilizadas para triangular envíos de dinero para esas operaciones inmobiliarias.

Sobre el caso de López Córdova, en el documento se señala que está en etapa de “investigación preliminar”.

La legisladora fujimorista y su esposo fueron denunciados por enriquecimiento ilícito. Cabe anotar que un peritaje del Ministerio Público concluyó que la pareja tuvo ingresos por US$2’300,000 y que hicieron depósitos bancarios por US$4’700,000, es decir, un aparente desbalance de US$2’400,000.

En el caso de la presunta organización criminal en Áncash, que supuestamente estuvo liderada por el gobernador regional César Álvarez, la comisión investigadora del Congreso estableció que la red acumuló un aproximado de S/.1,414 millones y cobró sobornos por S/.748 millones.

Asimismo, concluyó que dos ex titulares del Ministerio Público habrían formado parte de la “red de impunidad” que permitió operar a la organización criminal de César Álvarez durante años.

En relación a Gregoria Casas, conocida como Tía Goya, en el reporte se anota que también su caso se encuentra en “indagación preliminar”.

Ella era considerada la reina del oro ilegal en Huepetuhe, en la región de Madre de Dios, y dirigía junto con su esposo, Cecilio Baca, operaciones ilegales de extracción de oro en esa zona.

Ambos poseían 42 mil hectáreas de concesiones mineras, obtenidas hace más de 50 años junto con sus familiares en aquella región selvática.

SABÍAS QUE

  • El ministro José Luis Pérez Guadalupe afirmó que está en evaluación ampliar la seguridad policial a los familiares de Julia Príncipe, de la Procuraduría contra el Lavado de Activos.
  • El titular del Ministerio del Interior sostuvo que la procuradora ya cuenta con seis efectivos para garantizar su seguridad personal.
  • “En la primera evaluación que se hizo, no había un riesgo efectivo para su familia”, dijo a la prensa.

Por Óscar Libón (olibon@peru21.com)


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