Gregorio Santos usó fondos públicos contra Minas Conga

Las millonarias irregularidades detectadas por la Contraloría en la gestión de Gregorio Santos en Cajamarca activaron la alerta en el Congreso. La Comisión de Fiscalización había investigado el caso y arribó a conclusiones que señalan seis delitos cometidos por la mencionada autoridad regional. El informe –al que tuvo acceso *Perú21*– fue presentado el 5 de junio y, desde entonces, ha quedado estancado.

El extitular de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, recordó que le tocó firmar el informe –aprobado por unanimidad–, que halla responsabilidad en Santos por los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión desleal, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir y malversación de fondos.

Recordó que junto con Santos fue implicado Wilson Vallejos, empresario y amigo de la autoridad regional, quien ganó varias licitaciones en la región por unos 90 millones de soles.

“Correspondía al anterior presidente del Parlamento (Víctor Isla) y al actual (Fredy Otárola) plantear que se incluyera en la agenda, y no lo han hecho. Como vocero de Solidaridad Nacional, oficializaré un pedido mañana (hoy) mismo para que se le dé prioridad en el Pleno a este tema”, subrayó.

Las investigaciones en Fiscalización determinaron que el gobierno regional aprobó sus estados financieros vulnerando las atribuciones consignadas en el Art. 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

También se determinó el irregular financiamiento de los paros regionales del 9 y el 24 de noviembre de 2011 y de la II Convención del partido MAS –donde se proclamó a Santos candidato presidencial para 2016–, además de la contratación de “facilitadores” y “coordinadores” para la campaña en contra del proyecto minero Conga.

El informe destaca que se otorgaba obras a postores que no calificaban de acuerdo con los requisitos indicados en las bases de las licitaciones. Asimismo, se señala la responsabilidad de Santos frente a las irregularidades en Proregión, confirmadas ahora por la Contraloría de la República.