Los funcionarios o servidores públicos podrán ser perseguidos penalmente desde su designación, elección o proclamación, en caso de cometer actos de corrupción según lo señala el proyecto de ley aprobado hoy por el Pleno del Congreso.
La iniciativa modifica el artículo 425 del Código Penal, y también incluye dentro del concepto de “funcionario público” a todos aquellos trabajadores de empresas del Estado o sociedades de economía mixta, quienes recibirían una sanción penal, en caso incurran en este tipo de delitos durante el desempeño de sus funciones.
El premier César Villanueva se mostró a favor de esta propuesta y señaló que con su aprobación, se avanza a paso firme en la agenda normativa “Tolerancia Cero a la Corrupción”, que impulsa el Gobierno.
Por su parte, Susana Silva Hasembank, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, refirió a su vez que la aprobación de esta medida fortalece el marco legal para evitar la impunidad frente a los actos de corrupción y “con ello, nuestra legislación penal se adecúa a los estándares internacionales de lucha contra la corrupción”.
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