El expediente judicial del caso de la desaforada parlamentaria Tula Benites, que terminó con su absolución el 6 de febrero de 2014, presenta varios aspectos que deben tomarse en cuenta.
Uno de los más destacados es el pronunciamiento del hoy fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien acusó a la exlegisladora aprista de “haber alterado la verdad de los hechos” y pide 4 años de pena privativa de libertad y S/.30 mil de reparación civil.
Perú21 accedió a la sentencia donde se lee que Pablo Sánchez, entonces fiscal supremo, dictaminó el 29 de octubre de 2012 que Tula Benites “a sabiendas de que el señor Juan Carlos Cuadros Noriega (a quien se denunció de ser el empleado fantasma de la congresista) no acudiría a prestar ninguna labor en su despacho como auxiliar, permitió su contratación en dicho puesto”.
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También concluye que el tiempo que Cuadros Noriega aduce haber laborado “no ha dejado rastro material alguno como producto laboral tangible”, ni registra su presencia en el Parlamento (no retiró el fotocheck de uso obligatorio) ni se advierten constancias de los viajes efectuados con la entonces congresista, que es parte del argumento de defensa para sustentar los retiros de dinero en Trujillo.
La Fiscalía Suprema también sostiene que la defensa propuso como testigos de descargo a personas que trabajaban en el Congreso bajo órdenes de Tula Benites.
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Además, destaca que otro testigo, Roberto Garrido López –exfuncionario del gobierno regional de La Libertad de la gestión aprista de Homero Burgos– afirmó que vio a Cuadros portando su fotocheck, acompañando a Tula Benites, cuando el propio involucrado reconoció que jamás recogió el documento.
Pese a los argumentos del fiscal, la Sala Penal Especial, integrada por Jorge Luis Salas Arenas, Janet Tello y Baltazar Morales, absolvió a Tula Benites tomando en cuenta “razones de temporalidad” y una sentencia de junio de 2009 que favoreció a Cuadros Noriega. Esto le permite a la exlegisladora demandar una indemnización de S/.2.5 millones
CAMBIO DE PROCURADOR
Un detalle para tomar en cuenta es el cambio de procurador que se produjo en pleno trámite de la instrucción seguida a Tula Benites.
En la gestión de Aurelio Pastor en el Ministerio de Justicia, el 27 de agosto de 2009, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado dispuso el cambio de competencia de procuradurías en este caso.
La Procuraduría del Congreso, que había formulado la denuncia, tuvo que ceder este caso a la de Anticorrupción, que no estaba al tanto del tema.
SABÍAS QUE…
- Los fallos absolutorios no tomaron en cuenta (como prueba) un documento de seguridad del Congreso que confirma que Cuadros Noriega ingresó en dos oportunidades “como visitante” a esa sede en el periodo en el que presuntamente trabajaba para el despacho de Benites y figuraba en planilla.
- En el momento que le pidieron que dejara el caso, Julio Ubillús, entonces procurador del Congreso, se preparaba para pedir los videos de los cajeros donde se realizaban los retiros, para ver quién usaba la tarjeta que el Parlamento le había entregado a Cuadros.
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