Fabiola Valle
@valmenfa
Los ex congresistas Carmen Omonte y José León informaron que durante casi todo su período congresal aportaron a las arcas de Perú Posible. Sin embargo, no precisaron si el dinero recaudado haya sido el incautado en la casa de Surco del ex presidente “Alejandro Toledo”:http://peru21.pe/noticias-de-alejandro-toledo-2456 como informó su abogado, Roberto Su.
“Durante casi cinco años nos descontaban S/600 mensuales pero pensábamos que era para pagar los servicios y mantenimiento de local partidario. Así como al personal de oficina. No puedo asegurar que ese dinero que se incautó a Toledo sea de los militantes. Eso lo veía el secretario porque él llevaba la contabilidad”, sostuvo Omonte a Perú21.
En ese escenario, el legislador León añadió que no sabe en qué se invirtió el dinero abonado en todos estos años. “No solo aportábamos los militantes de Perú Posible si no también de otras bancadas que hizo alianzas con Perú Posible”, explicó a este diario.
El pasado 10 de marzo, Su manifestó a Perú21 que los US$33,700 que se decomisó en la vivienda del hoy prófugo ex mandatario tiene que ser devuelto porque le pertenece a los militantes de Perú Posible (PP). “Son aportes de los entonces congresistas. Se quería comprar un nuevo kit electoral cuando el partido perdió su inscripción”, sostuvo.
Aunque el letrado no precisó a quiénes pertenecía el efectivo dijo que todos esos datos figuraban en el deslacrado de los objetos que se decomisaron.
Debe dar la cara
En cuanto al proceso judicial que se le sigue a Toledo, Omonte reitero que las pruebas contra el ex líder de Perú Posible son cada vez más “abrumadoras”.
La ex parlamentaria agregó que las investigaciones contra el ex presidente como el caso Ecoteva fueron “lapidarias para el partido”.
En ese escenario, León consideró que su ex líder debe retornar al Perú para someterse a la justicia. “Lamento lo que está pasando pero respaldo la investigación de la Fiscalía”, puntualizó.
Como se sabe, el Ministerio Público investiga a Alejandro Toledo por recibir, aparentemente, US$20 millones de la empresa Odebrecht a cambio de entregarle la concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica. Al ex jefe de Estado se le imputan los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión.
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