Esterilizaciones forzadas: Apelan decisión fiscal que ‘limpia’ a Alberto Fujimori

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas presentaron hoy al Ministerio Público un recurso de queja contra la decisión fiscal de archivar las investigaciones y no formular denuncia penal contra Alberto Fujimori, sus exministros de Salud y exfuncionarios de su gobierno.

Sigfrido Florián, abogado de las víctimas, consideró que corresponde a la Fiscalía Superior reabrir la investigación contra el exmandatario, en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuestionó, en ese sentido, la disposición del fiscal Marco Guzmán Baca, titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, de archivar la indagación contra Fujimori dos meses después de haber sido incluido en las investigaciones y sin realizar las diligencias necesarias.

Recordó que a Fujimori se le atribuía la autoría mediata en el delito de lesiones graves seguida de muerte de María Mamérita Mestanza Chávez, quien falleció en 1988, días después se ser sometida a una esterilización forzada.

“Si analizamos los testimonios de las mujeres por departamento, todas dan cuenta de cómo fueron amenazadas y obligadas para ir a un centro de salud, esos no pueden ser casos aislados, venían de disposiciones superiores que se observan en los manuales y disposiciones de ese entonces”, puntualizó.

Refirió que junto a Fujimori deben volver a ser investigados los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, además de los exfuncionarios encargados de aplicar la política de esterilizaciones forzadas.

El fiscal Marco Guzmán Baca, titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, archivó la investigación contra el expresidente Fujimori y sus exministros, al considerar que no encontró pruebas de la intención dolosa de aplicar una política de esterilizaciones forzadas en el país.

No ocurrió lo mismo con un grupo de médicos, a quienes denunció por homicidio culposo y exposición de personas al peligro por la muerte de María Mamerita Mestanza Chávez.

El caso de las esterilizaciones forzadas llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la cual el Estado peruano y las víctimas llegaron a un acuerdo amistoso para investigar y sancionar a los responsables.