El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, indicó que el ministro del Interior, Walter Albán, debió plantear una observación a la ley que exime a los policías y militares de responsabilidad penal cuando causen lesiones o la muerte a terceros al utilizar sus armas en acciones de servicio, ya que, tal como lo indicó el martes, no estaba de acuerdo con esta.
“Tengo la impresión de que esta modificación no era necesaria, lo que hay que hacer es que la letra de las leyes tenga una lectura correcta y lo que se había establecido en la ley, el código y las modificaciones que se habían producido luego era que no se les puede culpar cuando hacen el uso reglamentario de sus armas en el ejercicio de sus funciones”, había dicho Albán a Ideeleradio.
Eguren sostuvo que el titular del Interior debió ser consultado antes. “Es el presidente de la República quien publica la norma y, obviamente, antes de publicarla, debiera por principio básico coordinar con el ministro destinatario de la norma. En este caso si es un tema de la Policía con el ministro del Interior y Defensa, y, obviamente, no le han preguntado al ministro, eso es malo”, refirió en declaraciones para el mismo medio.
“No hay buen nivel de comunicación de coordinación y, en todo caso, si el ministro (Albán) estaba en desacuerdo, debió pedir que sea observada. Entonces, en el ámbito político ahí nos demuestra que no hay buen diálogo o el ideal entre el presidente (Ollanta Humala) y el ministro”, explicó.
Al respecto, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi comentó que Albán “está pintado”.
“Esto demuestra lo que decimos siempre: este y los otros ministros del Interior han estado pintados. Existe un poder paralelo que toma las decisiones importantes, como los ascensos, los pases al retiro. El ministro solo está para figurar en los discursos. No fue consultado y por eso salió a decir que no está de acuerdo”, concluyó.
Como se recuerda, Albán dijo que el Ejecutivo no observó la norma para que no se entienda que se está limitando o restringiendo la función policial.
“Creo que el Ejecutivo no ha querido en ese caso dar a entender como que está más bien favoreciendo a que la PNP se pueda sentir limitada, restringida en su función o sometida a una serie de sanciones que injustamente podrían provenir de aquello que significa el uso de la fuerza legítima”, puntualizó.
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