Luego que Perú21 denunciara la utilización de niños como escudos en las protestas antimineras en Cajamarca, la Defensoría del Pueblo se pronunció y rechazó esta práctica por considerar que pone en riesgo la integridad de los menores, más aún cuando las marchas se producen dentro de un contexto de conflicto social.
“El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha precisado que permitir la manipulación de los niños por los adultos, ponerlos en situaciones en que se les indica lo que pueden decir, o exponer a los niños al riesgo de salir perjudicados por su participación, no constituyen prácticas éticas”, sostuvo el defensor del pueblo, Eduardo Vega.
Los padres de familia que permitan que sus hijos estén presentes en este tipo de actos masivos, que pueden atentar contra su seguridad, podrían recibir una condena hasta de 4 años de cárcel, según el Código Penal actual, informó Vega, y en ese sentido los instó a no vulnerar los derechos fundamentales de los niños.
“PUEDE HABER TRAGEDIA”
Por su parte, el congresista Segundo Tapia, representante de Cajamarca, lamentó que estas prácticas que rechaza la Defensoría se hayan dado en su ciudad natal, en las manifestaciones en contra del reinicio de las actividades de la minera Yanacocha.
Culpó al presidente regional Gregorio Santos de impulsar las rondas campesinas que causan desmanes a su paso. Condenó también que el dirigente Ydelso Henández anunciara que a partir del próximo 3 de febrero se vigile tres lagunas de la región para impedir cualquier actividad extractiva.
Finalmente dijo que “las protestas están amparadas constitucionalmente”, pero que la mejor vía para dirimir “es el diálogo, la paz social y la concertación”.
“Por ahora Conga no, evitemos un derramamiento de sangre. Esto podría terminar en tragedia y hay que evitarlo. Utilizar a niños es un acto de cobardía y causa indignación… Espero que el diálogo se dé luego de las elecciones, cuando Gregorio Santos ya no esté”, declaró a Perú21.
TENGA EN CUENTA
– Heriberto Benítez, congresista y abogado, dijo que el Ministerio Público debió intervenir de oficio en el momento de la manifestación por haberse dado la flagrancia del delito.
– Aseguró que “basta que se anuncie la movilización para que el fiscal pueda intervenir a manera de prevención, porque se atenta contra la salud del menor”.
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