Aquellas personas sentenciadas por los delitos de terrorismo y/o corrupción que no hayan cancelado la reparación civil que les impuso el Poder Judicial, figurarán en un registro especial y estarán impedidas de ejercer función pública o postular a cargos públicos de elección popular.
Así lo señala el proyecto de ley aprobado hoy en la Comisión de Justicia del Congreso, en el que se estipula la creación del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado (Redee), que tiene como finalidad desarrollar estrategias que permitan la cobranza de las deudas contraídas por los condenados..
De lo que se trata es de inscribir en el REDEE a aquellos deudores de reparaciones civiles que incumplan con dicho pago 10 días después de consentida y ejecutoriada su sentencia y a solicitud de las procuradurías públicas.
Juan Carlos Eguren, presidente de la comisión parlamentaria, agregó que la propuesta también establece la ‘muerte civil parcial’, es decir, el impedimento para acceder al ejercicio de la función pública, por carrera o por elección popular, a las personas inscritas en este registro hasta que cancelen el íntegro de su deuda.
“La norma aprobada demuestra el compromiso asumido por la Comisión de Justicia de priorizar el debate y aprobación de las iniciativas vinculadas a la lucha contra la corrupción, plasmada en la Declaración por una Agenda Legislativa Anticorrupción 2013-2016, suscrita ayer por el Poder Judicial, PCM, Ministerio de Justicia, Fiscalía de la Nación, Contraloría y el Consejo Nacional de la Magistratura”, detalló Eguren.
Eguren demandó agilizar la discusión del proyecto en el Pleno del Congreso,* “a fin de cerrarle las puertas a los corruptos y terroristas que tanto daño le han causado al país”.
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