Aquellas personas sentenciadas por los delitos de terrorismo y/o corrupción que no hayan cancelado la reparación civil que les impuso el Poder Judicial, figurarán en un registro especial y estarán impedidas de ejercer función pública o postular a cargos públicos de elección popular.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez, informó que el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que les impide a los sentenciados que no han cumplido con pagar la reparación civil a favor del Estado acceder a un crédito bancario e, incluso, retornar como funcionarios del sector público.