La Contraloría General de la República detectó perjuicio económico por más de S/.9 millones en 22 municipalidades de Lima y Callao durante un operativo en el que se auditó selectivamente adquisiciones de bienes y servicios.
Entre las municipalidades donde se registró un mayor perjuicio económico se encuentran La Perla, Surco, Rímac, Breña, Carmen de la Legua, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Lurín.
Los delitos penales identificados fueron negociación incompatible, peculado, falsificación de documentos y colusión de funcionarios, agregó la Contraloría al señalar que la auditoría abarcó a un conjunto de 40 municipios.
Las irregularidades detectadas con mayor frecuencia son el favorecimiento a postores durante las evaluaciones técnicas, pagos por servicios no realizados, suministro de combustible en mayores cantidades a las establecidas en el contrato, deficiencias en la elaboración de las bases, recepción de bienes con características menores a las ofrecidas, entre otras.
LOS CASOS EN DETALLE
La Contraloría informó que el caso más grave se registró en La Perla, donde siete funcionarios habrían ocasionado un perjuicio económico por más de S/.2.5 millones al haber presuntamente favorecido indebidamente al contratista y falsificado documentos para sustentar la prestación del servicio de riego de áreas verdes y compra de insumos agrícolas.
En Surco, se detectó que seis funcionarios, entre el periodo 2009 y 2010, habrían favorecido indebidamente a un contratista en el proceso de contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de áreas verdes, ocasionando un perjuicio económico mayor a S/.2 millones.
En tanto, en el Rímac cinco funcionarios estarían involucrados en presuntos pagos irregulares por S/.950 mil a un proveedor por servicios de sistematización del catastro urbano, sin embargo, el servicio nunca fue brindado.
En Breña se habrían pagado S/.692 mil por servicios inexistentes y habrían utilizado documentación falsa para estos propósitos. Once funcionarios fueron denunciados penalmente por presuntos delitos de peculado y falsificación de documentos.
En el caso de Carmen de la Legua, 12 funcionarios se habrían apropiado de S/.479 mil que les fueron entregados bajo la modalidad de encargos para la adquisición de servicios, además habrían pagado S/.99 mil por servicios inexistentes.
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