El Congreso investigará al rector Luis Cervantes

La Comisión de Educación del Congreso pidió facultades de grupo investigador a través de una moción multipartidaria para indagar las denuncias sobre el sueldo que percibe el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, que asciende a más de S/.2 millones mensuales.

El congresista Yonhy Lescano, miembro de este grupo de trabajo puntualizó que si bien la referida universidad es privada, también es una asociación sin fines de lucro que percibe beneficios del Estado, como la exoneración de todo tributo fiscal, municipal, y la exoneración de tributos a la importación conforme al artículo 87 de la Ley Universitaria.

“Por lo tanto, es de interés público, que no se desnaturalice el carácter no lucrativo del mencionado centro de estudios, y que se cautele el buen uso de los recursos que deja de percibir el Estado por concepto de condonación de tributos”, subrayó.

“La asignación de ese nivel salarial desmesurado, que ni siquiera se paga en las empresas del sector corporativo que son típicamente con fines de lucro, no solo beneficiaría al rector, sino a sus familiares y personal de confianza”, abregó Lescano.

Como se sabe, el hijo del rector, Luis Cervantes Ganoza, que ocupaba el cargo de secretario académico de la facultad de Estomatología, ganaba al mes casi S/. 51,500. Su hija María Claudia Cervantes Ganoza, como jefa de la oficina de defensoría del estudiante, habría percibido solo por concepto de devengados por maternidad la suma de S/. 386,699 entre los meses de julio y noviembre del 2011.

En tanto, el decano de la facultad de ingeniería administrativa industrial Víctor Rojas Hernández percibiría al mes S/.70,887 y la asistente administrativa de la Secretaría General María Romero Aquino ganaría al mes S/. 136,209.

“Todos estos hechos constituirían un manifiesto ejercicio abusivo del cargo de rector y de sus atribuciones, y podrían configurar hasta delitos, por cuanto se estaría produciendo un desvío de fondos de la universidad Garcilaso en provecho propio, de familiares y allegados”, dijo Lescano.

El congresista también señaló que asignarse sueldos desproporcionados a la realidad del mercado educativo superior privado en el Perú, en una institución que recibe beneficios tributarios, perjudica la asignación de recursos a los fines propios de un centro superior de estudios.

Asimismo, refirió que es necesario investigar si es que la Asamblea Nacional de Rectores ha ejercido su facultad prevista en el artículo 86° de la Ley Universitaria, de ordenar auditorías destinadas a velar por el correcto uso de los recursos de las universidades.