Congresista escudero de Alejandro Toledo tiene 90 denuncias en la Fiscalía

El congresista Rennán Espinoza, uno de los más fervientes escuderos en el Legislativo del expresidente Alejandro Toledo a raíz de su papel en las millonarias compras inmobiliarias a nombre de su suegra Eva Fernenbug, protagonizó un candente debate en el programa Abre los ojos al ser consultado sobre las denuncias que tiene pendientes en la Fiscalía.

El legislador ‘chakano’ estimó que solo tiene “de tres a cuatro denuncias” en investigación, de las que mencionó una por usurpación agravada tras la construcción de unas obras en un terreno público; otra por la demolición de una pared en un lugar sin licencia de construcción, y una más por la muerte de dos niñas tras la caída de unas tribunas en julio de 2006, y que todas datan de la época en la que se desempeñó como alcalde de Puente Piedra.

Sin embargo, el periodista Beto Ortiz le enrostró a Espinoza que, según información provista por el Ministerio Público, este tiene 90 denuncias entre las que figuran “cinco por homicidio, una por homicidio bajo emoción violenta, una por tráfico de menores, y unas 10 por robo agravado”.

Visiblemente sorprendido, el parlamentario se excusó diciendo que la base de datos de la Fiscalía está “desactualizada” y que revirtió dicha situación luego de que el Congreso revelara la situación judicial de varios legisladores. Además, indicó que es un hecho conocido que todos los burgomaestres “son plausibles de denuncias”.

“Yo tengo mi orden moral muy claro y muy alto. Todas esas denuncias en mi tiempo que fui alcalde fueron archivadas porque no tenían sustento alguno”, indicó Espinoza, quien dijo que ha enviado un oficio al Ministerio Público para que revierta esta situación y actualice su información.

DATO

- En diciembre de 2012, La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso la solicitud para levantar la inmunidad parlamentaria del legislador Rennán Espinoza, para sea juzgado por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, tras faltar a siete citaciones judiciales en el proceso penal al que es sometido por el presunto delito de usurpación agravada.