En el Congreso, familiares de los ocho periodistas caídos en la comunidad de Uchuraccay (región Ayacucho) pidieron que el Estado entregue la documentación que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este caso.
Señalan que después de 31 años no se establece aún quiénes son los responsables de la matanza ocurrida el 26 de enero en 1983.
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