Caso López Meneses: Pleno del Congreso aprobó informe sobre ilegal resguardo

El Pleno del Congreso de la República aprobó la noche del miércoles el informe sobre el ilegal resguardo policial a la vivienda de Óscar López Meneses, sustentado por el fujimorista Juan José Díaz, con 48 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones.

El legislador Yonhy Lescano también presentó otro documento, pero fue rechazado con 48 votos en contra y 43 a favor. El informe de Josué Gutiérrez fue desestimado por 48 votos en contra y 33 a favor.

PALACIO DE GOBIERNO SÍ SABÍA
“Se ha determinado que Palacio de Gobierno, a través de la Casa Militar Policial como Seguridad del Presidente de la República, tenía conocimiento de que se estaba brindando este resguardo”, sostuvo este miércoles a Perú21 el legislador Juan José Díaz Dios momentos antes de sustentar en el Pleno del Congreso el informe de la comisión que investigó la irregular protección brindada a la casa del ex operador montesinista Óscar López Meneses.

“Pero no les llamó la atención porque entendían que se trataba del inmueble del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (por entonces el almirante ( r ) José Cueto Aservi)”, añadió.

El caso se destapó cuando el programa Mira quién habla, de Willax TV, emitió un reportaje, el 13 de noviembre de 2013, en el que se observaba un inusitado despliegue de unidades y efectivos policiales, así como agentes del Serenazgo de Surco, resguardando la vivienda de López Meneses en la calle Batallón Libres de Trujillo 209, en Surco.

El parlamentario fujimorista indicó que el grupo de trabajo advirtió “contradicciones groseras” entre altos funcionarios del Ejecutivo sobre las responsabilidades en el resguardo a la citada casa.

Mencionó entre ellos al ex titular del Interior Wilfredo Pedraza, al ex asesor en asuntos de seguridad Adrián Villafuerte y al entonces jefe de la Policía Nacional, Raúl Salazar.

De las pesquisas realizadas, Díaz Dios cuestionó las declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien calificó el escándalo solo como un acto “de corrupción policial”. No obstante, el legislador advirtió que Humala se demoró entre tres y cinco minutos para difundir los resultados de su singular investigación, según anotó, pese a que Inspectoría de la Policía nunca llevó a cabo una indagación sobre el tema.

“No se puede determinar (responsabilidades) más arriba, porque el presidente Humala tiene inmunidad. Además, no quiso colaborar con nosotros”, explicó.

“Hemos encontrado indicios suficientes como para que Óscar López Meneses sea detenido, pero eso dependerá de la fiscal Nora Córdova, quien debería solicitar la detención inmediata de este señor y se pueda, por fin, iniciar a nivel del Poder Judicial la resolución de este caso. Yo voy a pedir que se le detenga”, subrayó.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
Según el informe al que tuvo acceso este diario, se determinó que el general ( r ) Aldo Guillermo Miranda Soria fue quien elaboró el memorándum múltiple del 29 de mayo de 2012 que dispuso la instalación del resguardo policial en la vivienda de la calle Batallón Libres de Trujillo, que, supuestamente, pertenecía al almirante Cueto Aservi.

Un día antes, Miranda recibió una llamada del general Raúl Salazar, quien habría impartido la orden para instalar dicha protección.

Según el documento, se deduce que el entonces asesor presidencial Adrián Villafuerte tuvo una participación activa con el general Salazar, “con quien habría coordinado e instruido para que se implemente (el resguardo)”.

El informe señala que, pese a que Salazar y Cueto tuvieron una comunicación telefónica fluida entre marzo y diciembre de 2013, por el tema del resguardo, “ambos no han expresado la verdad (…), con lo que estarían presuntamente ocultando o protegiendo a un tercero con mayor poder”.

También se ha logrado identificar la presunta responsabilidad penal y administrativa del coronel PNP Fernández Guevara, quien instaló la custodia y acudió en más de dos oportunidades “y no realizó las verificaciones correspondientes”, como entrevistar al supuesto jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.

Asimismo, se halló responsabilidad penal y administrativa en Wilfredo Pedraza y el general PNP Jorge Flores Goicochea por haber implementado el resguardo en la supuesta residencia de Cueto Aservi pese a que no estaba comprendido en la relación de altos funcionarios del Estado. El alcalde Roberto Gómez Baca también está implicado.

DATOS

- El resguardo constaba de ocho patrulleros de la unidad de emergencia, un portatropas y 22 policías. También de agentes del serenazgo de la Municipalidad de Surco, ocho unidades de la UDEX y unidades motorizadas.

- Desde el celular 954717650, comprado a nombre del taxista Francisco Lara, se hicieron llamadas para solicitar el resguardo policial en Surco.

- López Meneses, advierte el informe, “no cuenta con ingresos reportados en el sistema financiero desde el 2006 y noviembre del 2013”. ¿Cómo se mantiene?