El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzen, emplazó a las ONG que defendieron a los familiares de los terroristas muertos durante el operativo Chavín de Huántar que entreguen el dinero –dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)– a los deudos de los dos comandos y del magistrado que fueron asesinados por los emerretistas.
La Corte IDH ordenó al Perú pagar US$10 mil a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) por concepto de “reintegro de costas y gastos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional”. El Estado también deberá entregar US$20 mil al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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Adrianzen subrayó que esas organizaciones deberían “tocar la puerta” de los deudos de los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez y del vocal supremo Carlos Giusti porque –dijo- ellos son “los únicos legítimos para cobrar”.
“Estas organizaciones se jactan, se rasgan las vestiduras diciendo que no tienen una pretensión económica y que no van detrás del dinero (…) que vayan y toquen la puerta de los familiares del coronel Valer y del capitán Jiménez y del doctor Giusti que son los únicos legítimos para cobrar. No estén buscando organizaciones benéficas, que le toquen las puertas a las verdaderas víctimas”, sentenció.
“Si tanto insisten en que no les interesa el dinero, que en un gesto de desprendimiento lo entreguen a los familiares de los héroes nacionales que murieron asesinados por sus patrocinados (…), eso debería hacerse como un acto de verdadero desprendimiento”, insistió.
Adrianzen reiteró que el fallo de la Corte IDH es positivo y señaló que sería negativo si se hubiera dejado sin efecto la sentencia del fuero militar que archivó el caso contra los comandos y determinado que se perpetraron tres ejecuciones extrajudiciales.
La dcisión del tribunal tampoco es mala porque –indicó- *no se dispuso el pago de reparaciones.
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“Ocurrió todo lo contrario, de las tres presuntas ejecuciones en dos dijo que no existe evidencia; murieron en combate, como dijimos nosotros con evidencia presentada. En relación con Tito, se indicó que el Estado debe seguir investigando”, explicó.
En RPP, el ministro insistió en que no es posible que los comandos Chavín de Huántar se vean implicados en la investigación que impulsa el Ministerio Público para esclarecer la muerte del emerretista Edgar Cruz Sánchez, alias Tito.
Según dijo, eventualmente algunos agentes podrían ser llamados a declarar como testigos, pero no los 140 militares participaron en el operativo.
“Contamos, a partir del plan de operaciones, con evidencia cierta de dónde actuaron nuestros comandos, no tenemos reporte de operaciones en el área donde se encontró al delincuente terrorista Tito”, añadió.
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