Bruce: ‘Pesquisas de Fiscalía en caso Escalante deberían tomar unos días’

Luego de que el Ministerio Público anunciara que se abrió investigación a la jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), Dacia Nena Escalante, por el cobro de S/.29 mil por concepto de “vacaciones truncas”, el congresista Carlos Bruce dijo que el tema no es complejo y que las pesquisas deberían tomar unos cuantos días.

[Fiscalía investigará a Dacia Escalante por cobro de vacaciones truncas]

“Solo se trata de verificar el cobro, quiénes cobraron y chequear lo que dice la ley. No hay por qué dilatar el caso”, anotó el legislador tras saludar que la Fiscalía tome cartas en el asunto ante el blindaje del gobierno.

Cabe indicar que, según especialistas en materia laboral, a Escalante no le correspondía ese pago porque este beneficio solo procede cuando el empleado termina el vínculo laboral.

[Dacia Escalante cobró S/.29 mil por vacaciones truncas]

Según se informó, el caso ha pasado a manos de la doctora Katia Zecenarro Monge, fiscal provincial del Quinto Despacho de Investigación y Coordinadora de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.

Esta fiscalía tendrá que determinar si Dacia Escalante incurrió en la comisión del delito de peculado. Para ello –según la versión oficial– se tomará en cuenta la denuncia periodística de Cuarto Poder y las notas de Perú21 y el portal web de El Comercio.

Los hechos materia de la investigación están referidos a la decisión adoptada por Escalante y su plana mayor, quienes están adscritos al régimen CAS, de pagarse, el 4 de setiembre de 2013, el derecho de vacaciones truncas, computándose como período laboral desde que iniciaron sus funciones, en agosto de 2011.

Perú21 intentó comunicarse con la jefa de la Onagi, pero no atendió la llamada.

SABÍA QUE

- Fuentes del Ministerio del Interior revelaron que el despacho de Walter Albán prestará apoyo a cualquier requerimiento informativo de la Fiscalía.

- El delito de peculado está señalado en el Art. 387° del Código Penal. Fija una pena no menor de 2 ni mayor de 8 años de cárcel para quien se apropia de los recursos que administra.