Alvaro Reyes
@alvaroreyesq
En un intento por evitar la interpelación que le preparan las bancadas parlamentarias tras el destape de aparentes irregularidades durante su gestión, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, solicitó ayer a la presidencia del Congreso una sesión del Pleno para esclarecer las denuncias.
En carta dirigida a la titular del Parlamento, Luz Salgado, Saavedra solicitó que se le permita asistir a una sesión plenaria “en la fecha y hora que estime conveniente, para informar sobre la situación a mi cargo”.
Sin embargo, la solicitud caería en saco roto, pues por la noche el bloque de Fuerza Popular, que tiene 72 representantes en el Congreso, acordó interpelar a Saavedra.
Ayer por la mañana, el integrante del Ejecutivo indicó, en RPP, que esperaba tener la oportunidad de aclarar en el Pleno los presuntos actos de corrupción que han sido denunciados en los últimos días.
Por su parte, el jefe del Gabinete, Fernando Zavala, salió en defensa del titular de Educación y consideró que la propuesta de interpelación, puesta sobre el tapete por Fuerza Popular (FP) y respaldada por otros grupos parlamentarios, “es desmedida”.
“El ministro va a acudir para aclarar todas las preguntas que sean necesarias a las instancias pertinentes del Congreso de la República. Él tiene nuestro respaldo. Creemos que él está haciendo reformas importantes que deben continuar”, expresó Zavala en conferencia de prensa.
Al último caso de una presunta red de corrupción al interior de Minedu que adquirió computadoras por más de 146 millones de soles se suman denuncias anteriores de supuestos malos manejos en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y dentro del Comité Olímpico Peruano (COP).
Empresas sin experiencia
Perú21 comprobó que dos de las compañías a las que el Minedu compró computadoras por millonarias sumas tenían como máximo un año de actividad cuando fueron seleccionadas.
El Grupo Z&Z Inversiones SAC, al cual se pagó más de S/44 millones en 2015 y más de S/7 millones en 2016, fue inscrito en la Sunarp en marzo de 2013, pero recién a partir de 2014 registra actividad.
La empresa Ergotech, que recibió más de 12 millones de soles, inició sus actividades en setiembre de 2016.
Desde ambas, de acuerdo a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se hicieron transferencias bancarias a quienes serían los testaferros de la ex funcionaria del Ministerio de Educación Ruth Vilca Tasayco.
Contraloría interviene
La Contraloría General pidió al Comité Olímpico Peruano (COP) que le otorgue la información requerida para investigar aparentes irregularidades que se evidenciaron en unos audios difundidos por el programa A bocajarro, y que tienen como protagonista al ex titular del Instituto Peruano de Deporte (IPD) Francisco Boza.
En una última grabación, que data del pasado 11 de octubre, se escucha a Boza coordinar vía telefónica la elaboración de actas de sesiones pasadas del directorio del COP con Maggie Martinelli, secretaria del consejo directivo de la entidad.
En el audio, Martinelli le precisa al ex funcionario que, en el acta del 14 de noviembre de 2014, el consejo informó a la Presidencia del Consejo de Ministros que el plan maestro para la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, a cargo de la empresa española Ayesa –vinculada a Martín Belaunde Lossio–, no tendría costo. Ese documento lleva la rúbrica del presidente del COP, José Quiñones.
Pero según informó el programa, Ayesa había firmado un contrato por US$500 mil para realizar el referido proyecto. Y en ello habría influido el medallista olímpico. Al enterarse, Francisco Boza pide que en un acta posterior se consigne que él “no tuvo voto” en la decisión.
Sabía que…
- Fuentes de Perú21 informaron que en la Junta de Portavoces a convocarse hoy se decidirá si se acepta el pedido de Jaime Saavedra o si procede la interpelación.
- De acuerdo al Reglamento del Congreso, el ministro puede ser censurado incluso si asiste por voluntad propia al Parlamento. Al menos el 25% del total de legisladores (130) debe suscribir la moción.
- Ruth Vilca Tasayco, implicada en la presunta red corrupción en el Minedu, tenía dos cargos antes de renunciar: directora de Recursos Educativos y encargada de la Oficina General de Administración.
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