Trujillo: buen trabajo policial

Santiago Pedraglio,Opina.21
Tres conclusiones quedan claras a partir de la información publicada ayer por Caretas sobre el decomiso, el 25 de agosto, en Huanchaco, de 7.5 toneladas de cocaína. La primera es que la Policía –específicamente la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirandro– ha hecho un muy buen trabajo, no solo con la incautación, sino, además, al desarticular la red delictiva y capturar a algunos de sus principales responsables.

A una institución tan criticada como la Policía –a menudo con razón– hay que darle los créditos cuando los merece. Una operación como la que ha culminado con el decomiso de Trujillo solo se puede llevar a término con inteligencia, paciencia y dedicación, es decir, con profesionalismo. El ministro del Interior hará bien al no ponerse en el centro de la escena, pues lo justo es que se lo deje a los jefes policiales que han conducido con éxito la operación. No hay que perder de vista que es el decomiso más grande de la historia del país.

La segunda deducción es que el voluminoso “proyecto de exportación” de cocaína certifica que algunos de los puertos y ciudades más importantes del norte, como Chimbote, Trujillo y Paita, se han convertido en territorio predilecto para despachar el clorhidrato que llega desde el Alto Huallaga e incluso desde el Vraem. El narcotráfico ha instalado vigorosas redes de comunicación en la selva peruana tanto hacia Brasil, Colombia y Bolivia, como hacia la costa, principalmente rumbo a México.

Si bien es cierto que antes de que las investigaciones no concluyan y de que el Poder Judicial no sentencie no se pueden hacer acusaciones irresponsables, la tercera conclusión es que el narcotráfico está penetrando un amplio abanico de sectores del país, incluida la política a los más altos niveles. Esto implica que urge una alerta roja sobre el enriquecimiento ilícito de autoridades locales y regionales, legislativas, judiciales e incluso policiales. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunat son las instituciones encargadas de cumplir un importantísimo papel en el control del lavado de dinero.