La Comisión de Educación aprobó el artículo 18.1 del proyecto de ley de Reforma Magisterial, en el cual se les cierra las puertas a aquellos profesores que hayan sido condenados o que tengan procesos por terrorismo, apología al terrorismo, contra la libertad sexual y tráfico de drogas.
El artículo señala también que aquellos docentes que tengan sentencias o juicios por actos de violencia y contra el patrimonio tampoco podrán participar en los concursos públicos de acceso a plazas vacantes.
En este extremo se generó un debate. Algunos parlamentarios señalaron que este artículo atentaba contra el derecho a huelga de los profesores, a raíz de las marchas, pero al final se aceptó.
Asimismo, la comisión aprobó la estructura de la escala magisterial y la convocatoria, cada dos años, para el concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
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