“El sistema jurídico falló en caso Orellana”

Autor: Ricardo Monzón Kcomt.
rmonzon@peru21.com

El gobierno sería cómplice del fraude inmobiliario que viven cientos de personas en el Perú al nombrar en el máximo puesto de la Sunarp a una persona sin experiencia. Esta es la teoría del vocal Gunther Gonzales, experto en derecho inmobiliario.

Ha sido notario, registrador y es juez. ¿Cómo cree que operó la red de Rodolfo Orellana en estos estamentos?
El sistema jurídico ha fallado. No se trata de los errores de un solo estamento. Fallan los notarios cuando identifican erróneamente a las personas y alguien se hace pasar por el propietario; falla el registro cuando se permite inscribir títulos falsificados; falla el Poder Judicial cuando, con sus sentencias, termina convalidando las adquisiciones de terceros de buena fe, pero que se originan en falsificaciones.

Entonces, son errores compartidos…
Se trata de una secuencia de “errores” que da como resultado que se produzca una situación de fraude inmobiliario generalizado, en donde hay mafias dedicadas ex profeso a la situación de despojar o expoliar a los propietarios.

¿Cómo se desarrolla este mecanismo de estafa?
Empieza de distintas formas, porque hay varias modalidades.

¿Cuáles son?
Primero, falsificación del título de propiedad; se dice que el propietario ha vendido y no es cierto. Ahí falla el registro que inscribe el título falso. Segunda modalidad, suplanto la identidad del verdadero propietario ante un notario; es decir, la escritura pública que se otorga es auténtica, pero el contenido no, porque la persona no es la que dice ser. Aquí el responsable es el notario. Tercera modalidad, los laudos arbitrales amañados, en donde no hay acuerdo de las partes para someterse a un árbitro, pero ese árbitro asume competencia y decide sobre la propiedad de un inmueble.

¿Estas instituciones, entonces, son débiles? ¿No pueden evitar mafias como la de Orellana?
Claro, a tal punto que hoy es un problema social. Los controles están fallando. No es posible que, en el siglo XXI, el registrador siga calificando un título de manera artesanal. Deberían emplearse mecanismos informáticos para evitar el fraude.

¿No se utiliza ningún sistema tecnológico?
No. Por eso se inscriben libros falsos. El registro no tiene la data de las escrituras públicas que se están otorgando en este momento en una notaría de manera informática.

¿Por qué ocurre eso?
Por debilidades, intencionales o negligencias. También tiene que ver aquí el actual gobierno. Este gobierno le ha faltado el respeto al sistema registral porque ha nombrado a personas que no tienen ningún conocimiento del tema en Sunarp.

¿A quiénes se refiere?
Al jefe de Sunarp, el señor Mario Solari. No tiene experiencia en el tema, no conoce de su trabajo. Él mismo lo reconoció en su discurso y aun así lo han nombrado, porque es amigo del señor Juan Jiménez Mayor. ¿Por qué en los organismos técnicos ponemos a personas nombradas a dedo y no se toma en cuenta la experiencia en la materia?

Si la cabeza de Sunarp no tiene conocimiento, no podemos quejarnos de las estafas.
Son consecuencias de los errores políticos.

Incluso el anterior superintendente de la Sunarp se entregó a la justicia. Lo vinculan con Orellana.
Si se comprobase la responsabilidad del ex jefe de la Sunarp, sería gravísimo. Implicaría que el Estado Peruano, a través de la entidad destinada a proteger la propiedad de los peruanos, se ha amañado para despojar a los ciudadanos de sus propiedades. O sea, el Estado, representado por su superintendente, se ha vuelto una organización criminal. Si fuese así, el Estado tendría que indemnizar a las víctimas del fraude inmobiliario, porque ya es copartícipe.

¿En la Sunarp habría más personas vinculadas a Orellana?
Si hay una cabeza que estuviera involucrada, necesitaría de brazos ejecutores.

¿Y en el Poder Judicial?
En el Poder Judicial debe investigarse a los jueces que han dado fallos que terminaron convalidando las falsificaciones a través de dudosos terceros de buena fe.

Usted escribió un libro sobre los terceros de buena fe. ¿Es cierto que la justicia los defiende en detrimento de los propietarios?
El argumento es simple. La Constitución dice que la propiedad es inviolable. Entonces, ¿cómo una norma puede decir que, cuando te falsifican tu título, tú, siendo el dueño, te vas a la calle? Es absurdo. ¿Quién estaría de acuerdo en el Perú con que, si te falsificaron un título, ya perdiste la propiedad porque esta fue adquirida por un tercero de buena fe?

¿Esto cómo se puede revertir?
La situación continúa. Hace pocos días se ha aprobado la Ley 30313 en el Congreso, la cual ratifica que, si te falsifican el título de propiedad y viene un tercero de buena fe, el tercero se queda con tu casa y tú te vas a la calle.

Debe haber alguna solución.
Nosotros vamos a plantear una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Estamos recolectando 50 mil firmas para acudir al TC para que nos diga si es constitucional que una falsificación me despoje de mi propiedad.

AUTOFICHA

- “Soy doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fui registrador público, notario público, vocal del Tribunal Administrativo de Cofopri, vocal del Tribunal Registral de la Sunarp. Actualmente soy juez en la Corte Superior de Justicia de Lima”.

- “El Congreso ha permitido que se cancelen las inscripciones por títulos falsos, lo que es correcto, pero un título falso no puede dar lugar a una inscripción válida. Entonces, no ha visto el otro problema, el del propietario despojado”.

- “Quienes previenen son el registro y el notariado, pero, en los dos casos, el Estado ha puesto a personas que no conocen del tema. Tal vez, seguro, tendrán buena fe, mucha buena intención, pero a esos cargos yo no puedo acudir para recién aprender. Es gravísimo”.