Orellana: el inicio de una ruta de investigación

La detención de Rodolfo Orellana es un golpe positivo de la Policía, al margen de las especulaciones sobre la posibilidad de que sea una cortina para desviar la atención sobre el caso de Martín Belaunde.

La clave, ahora, reside no solo en seguirle la pista a esta presunta organización criminal sino en investigar en qué está fallando el sistema de control del Estado; por qué su complacencia, negligencia o, simple y llanamente, su complicidad. Si se confirma que se está ante una poderosa organización delictiva, es evidente que, además de la PNP, falló el sistema judicial –Ministerio Público y Poder Judicial–: funcionarios habrían estado involucrados o estarían maniobrando como protectores. Hay indicios de infiltración en estos organismos.

De manera indirecta, también quedan mal paradas instituciones como la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la Contraloría General, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera e incluso la Sunat. En estas instituciones se habrían cometido graves omisiones o errores de control.

Las instituciones que conforman el sistema judicial y las que son parte del sistema de control y supervisión del Estado están obligadas a tener una coordinación más estrecha, a mejorar sustantivamente su trabajo de inteligencia, a dejar de lado los celos institucionales y actuar de manera integrada, ágil y activa. Es el único modo de ser eficaces ante organizaciones criminales con enormes posibilidades de obtener información selectiva y contaminar el aparato del Estado.

En el país se instalan nuevos tipos de instituciones para la organización y la ejecución del delito. Urge conocer la cadena criminal en los ámbitos del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el robo masivo de terrenos y propiedades. Saber cómo se entrelaza un tipo de delito con el otro, ya que es claro que se están organizando verdaderos holdings.