La forma en la que el gobierno viene enfrentando la huelga de profesores está siendo duramente criticada y con razón. Primero por no tomar en serio la protesta desde el principio; segundo, por demorarse tanto y dejar que la sangre llegue al río a tal punto que ni el aumento sin evaluación logró convencer a nadie de deponer la medida de fuerza. La demora convirtió un justo reclamo sectorial en una pata de cabra política. Finalmente, el presidente ofreció reunirse con los huelguistas –algunos de ellos bien matriculados en el Movadef– pese a que su propia ministra ya les había dado un ultimátum. ¿Sabe PPK que le jaló la alfombra a Martens?
Se busca responsables y para eso sirve cualquiera que no nos caiga: Saavedra, Martens, PPK, Zavala o incluso García. Sin embargo, antes de ponerse a repartir responsabilidades y preguntarse por qué es que el gobierno no pone mano dura y bota a los “afiliados” al Movadef, pongamos las cosas en perspectiva. Vivir en democracia implica necesariamente respetar las instituciones y los mecanismos de esa democracia. (Salvo que seas Fujimori o Maduro).
Para echar a alguien de la carrera magisterial este debe estar juzgado y sentenciado. Sin embargo, sí hay causales para sacar a un profesor del salón: apología de terrorismo, por ejemplo. Pero se necesita una denuncia administrativa o judicial para separarlo preventivamente. La sola firma del padrón de Movadef (ni siquiera es afiliación) no es delito ni causal de separación si es que el Poder Judicial no declara al Movadef movimiento ilegal. Si lo botas por firmar padrón, después lo tienes que reponer y pagarle el tiempo que no trabajó. Para abrir investigación se requiere pronunciamiento de la Procuraduría antiterrorismo. Al que le caiga el guante… (habla, Duberlí, habla, Shack).
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