La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, explica que la salida de la procuradora Katherine Ampuero se debe a que le perdió su confianza al negarse a aplicar el D. U. 003-2017. Este permite que Odebrecht venda su parte en los proyectos en los que aún mantiene participación (en particular en el proyecto Olmos), y dichos proyectos puedan continuar en manos de empresas que no estén en la situación de la brasileña.
Pérez Tello explica, además, que le pidió a la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, que la despida y esta se negó. Ante ello, agrega Pérez Tello, la ministra debía recuperar la presidencia del CDJE para despedir a Ampuero. “No se ha perdido la confianza en Julia Príncipe, para nada”, aseguró la ministra. La presidencia del CDJE recae sobre el ministro de Justicia, así es que, para que la Dra. Príncipe pudiera desempeñar ese cargo, la ministra debió delegárselo. Luego, corresponde a Príncipe nombrar y despedir a los procuradores en representación de la ministra. Los congresistas Becerril y Mulder piden que la ministra explique todo esto ante el Congreso y, así, un asunto netamente técnico-jurídico terminó convertido en un asunto político. Interesante es ver que entre los defensores de Ampuero (y Príncipe, a quien no se ha despedido, porque desempeñaba un encargo por delegación) estén personalidades que no necesariamente son reconocidas por su relación con la justicia, transparencia o vocación institucional.
Justo cuando empiezan las escaramuzas serias dentro del fujimorismo, el gobierno de PPK le lanza un salvavidas tamaño familiar, un coche al que se pueden subir todos (hasta Alan, que no fue a su citación por el caso Olmos), un motivo para reagruparse y aglutinarse detrás de una causa buena: la lucha contra la corrupción. De locos.
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