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Opinión

El primer ataque islamista en suelo americano no fue el 11-S de 2001 sino los atentados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la sede de la comunidad judía AMIA, en 1994, el cual causó la muerte de 85 personas y una gran cantidad de heridos. El entonces presidente Carlos Menem prometió buscar a los responsables de este hecho sangriento, pero fue su sucesor, Néstor Kirchner, quien seriamente ordenó la investigación nombrando a Alberto Nisman como fiscal para la causa AMIA.

En 2006, Nisman y sus fiscales adjuntos acusaron formalmente al Gobierno de Irán por planificar el atentado y al grupo islamista Hezbollah de haberlo ejecutado, con lo cual la justicia argentina ordenó la captura de seis ex funcionarios iraníes y un miembro de Hezbollah. Ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados, exigida también por la Interpol, Argentina rompió relaciones con el país persa. En 2013, el gobierno de la viuda de Kirchner, Cristina, firmó un Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán, para crear una comisión de la verdad con miembros de ambos países para “avanzar las investigaciones”.

El juez Nisman había acusado hace días a la Sra. Kirchner, a su canciller y a algunos miembros ‘cristinistas’ de fabricar la inocencia de los inculpados iraníes a cambio de petróleo de ellos por exportación de cereales a gran escala por parte de Argentina.

El suicidio o asesinato de Nisman la noche previa a su comparecencia en el Congreso para informar sobre su detallado informe hará dudar a cualquier otro fiscal o juez de denunciar a los poderosos del gobierno.

Llora, Argentina, llora, porque este tango huele a petróleo y botox.


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